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Dawn Paley sondea por debajo de la superficie de la guerra contra las drogas en Colombia y México. Explora los mecanismos empleados, cuantifica la devastación humana y económica, analiza las posibles razones por las que la guerra continúa además de sugerir otras áreas de investigación.
Tanto en los Estados Unidos como en Canadá ha habido esfuerzos sostenidos de grupos de base para destacar las injustas encarcelaciones en masa y la criminalización de la gente pobre, sobretodo la gente pobre de color, en cuanto a detenciones relacionadas con drogas. Pero se ha encontrado muy poco análisis sobre las razones detrás de los mecanismos de esta guerra y el impacto económico que tiene sobre México y más allá.
Incluso antes de que la retirada de Irak o Afganistán se hubiera alcanzado, los Estados Unidos ya estaban involucrados en una serie de conflictos desde la frontera norte de México hasta Perú. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación la han catalogado como la “Guerra contra las drogas.” Es importante examinar como la creciente “Guerra contra las drogas” se conecta con la expansión de empresas transnacionales que toman control de mercados, obreros y recursos naturales.
En Honduras cuatro indígenas fueron asesinados a balazos en mayo, cuando la policía hondureña abrió fuego desde un helicóptero del Departamento de Estado estadounidense, todo bajo la supervisión de agentes uniformados de Estados Unidos. En México con la orientación de Estados Unidos, Canadá, Israel y Colombia, la policía y el ejército han sido transformados.
En Colombia la guerra ha durado ya cuatro décadas y se han gastado billones de dólares estadounidenses, pero ahora se está calificando como “lucha contra el crimen”. Durante la década de los ochenta, el Estado colombiano se convirtió en un estado paramilitarizado, en un proceso que según el historiador German Alfonso Palacio Castañeda “se manifiesta con amenazas, atentados y asesinatos selectivos y masacres colectivas de funcionarios gubernamentales (principalmente pero no exclusivamente de la izquierda), y de líderes políticos populares, obreros, campesinos, profesores, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales”.
Estado colombiano se convirtió en un estado paramilitarizado, en un proceso que se manifiesta con amenazas, atentados y asesinatos selectivos y masacres colectivas de funcionarios gubernamentales (principalmente pero no exclusivamente de la izquierda), y de líderes políticos populares, obreros, campesinos, profesores, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales
En la forma de financiación para programas antinarcóticos, la asistencia de EE.UU. en Colombia resultó en el fortalecimiento de grupos paramilitares y de policías no oficiales, los cuales según informes patrullaban junto al ejército de Colombia y se vieron involucrados en la gran mayoría de masacres y desplazamientos forzados en el país.
“Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo” comentó Noam Chomsky en un discurso en el mes de mayo. “Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables?”[1]
Los comentarios de Chomsky apuntan hacia un área urgente de investigación para los y las activistas y periodistas que desean entender las guerras actuales contra las drogas. Cada vez es más claro que hay mucho trabajo por hacer para reconstruir juntos los motivos de la militarización liderada por Estados Unidos en las Américas.
Una reconsideración de la llamada guerra contra las drogas requiere entre otras cosas una evaluación de la forma en que ha favorecido la expansión de la inversión extranjera directa y de las industrias extractivas en Colombia, México y Centroamérica.
Protesta contra la guerra contra las drogas. Caravana por la Paz en Estados Unidos. Phoenix, Arizona, agosto 2012. Foto: Sari Dennise
La guerra, cuando los golpes no bastan
“Así es como se sentía el inicio del neoliberalismo”, dijo Raquel Gutiérrez, reflexionando sobre lo que es tratar de entender la guerra en curso en México. Ahora catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla, Raquel era militante clandestina en Bolivia a mediados los años 80, cuando las primeras políticas neoliberales tuvieron efecto en aquel país, creando una pauperización de la clase obrera. Han pasado 10 años desde que regresó a México.
Raquel se detiene y da una pitada a su cigarrillo, como si tratara de recordar un idioma que ha olvidado. No viene. Luego me pregunta si he leído el libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Asiento con la cabeza. Silencio. “La cosa es que en México, los choques no funcionaron”, dice ella.
No es por una escasez de choques. Las políticas económicas neoliberales se introdujeron por primera vez en forma de programas de ajuste estructural. Esto puso fin a un período de crecimiento económico sostenido, la industrialización de sustitución de importaciones, y los altos precios del petróleo conocido como el milagro mexicano.
“De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial, más que cualquier otro país”, escribió Tom Barry en su libro La venganza de Zapata, publicado en el 1995. “También se firmaron seis acuerdos con el FMI, todo lo cual trajo una mayor presión para liberalizar el comercio y la inversión”.[2]
En la década de 1980, a veces llamada la “década perdida”, se derrumbaron los precios del petróleo, junto con el peso. “De más de mil empresas estatales en 1983, el estado mexicano era dueño de 200 en 1993. En 1991, el programa mexicano trajo más dinero a las arcas del gobierno (EE.UU. $ 9.4 mil millones) que todas las ventas de otras empresas públicas en América Latina en conjunto”.[3] A finales de 1994, México había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue testigo del levantamiento zapatista, además de ser sometido a otra devaluación de la moneda.
Pero a la vuelta del siglo 21, el territorio y la economía de México todavía no estaban totalmente abiertos a los inversionistas extranjeros. “No obstante estas reformas, el desempeño de la economía mexicana en las últimas tres décadas ha sido insatisfactorio”, notaba un informe publicado a principios de este año por el Banco de México.[4]
Las comunidades campesinas e indígenas continuaron ejerciendo el título comunal sobre las tierras ricas en recursos. Una gran clase media es propietaria de las pequeñas empresas y las familias más ricas de México han mantenido el control sobre los sectores lucrativos de la economía. De acuerdo con el departamento de Estado de EE.UU. las 10 familias más ricas de México “no son el único obstáculo para la mejora de la competencia en la economía mexicana”. Pemex, la 17ª mayor empresa petrolera del mundo, sigue en manos del Estado.[5]
Algo más que un choque económico estaba a la orden: una estrategia integral que ya está probada que aumente la inversión extranjera directa. Tenía que asegurarse de que la policía local, el ejército, y todo el sistema jurídico funcionara de acuerdo a las normas estadounidenses. Esta es la estrategia que coloquialmente se conoce como la guerra contra las drogas.
Desde la presidencia de Nixon, el gobierno de EE.UU. ha invertido casi un billón de dólares [6] en la “guerra contra las drogas” en países como Colombia y Afganistán. Los vínculos directos entre las políticas de combate a las drogas y el clima de mejora de la inversión se revelan a través de un examen cuidadoso de la participación de EE.UU. en Colombia desde 2000 hasta 2006. La estrategia se ha perfeccionado y ampliado en las últimas dos décadas a través de la experimentación a nivel nacional e internacional.
El modelo económico de Colombia
El Plan Colombia fue un programa de seis años de lucha antinarcótico financiado conjuntamente por los Estados Unidos y Colombia. Diplomáticos no estadounidenses afirman que el primer borrador del Plan Colombia fue escrito en inglés, y luego traducido al español.[7]
En los 11 años desde que se puso en marcha el Plan Colombia, el gobierno de EE.UU. ha gastado más de mil millones de dólares en iniciativas de aplicación de la ley contra los narcóticos. Sin embargo, el gobierno de los EE.UU. informa que “Colombia sigue siendo uno de los mayores productores y exportadores mundiales de la cocaína, así como un país de origen de la heroína y la marihuana”.[8]
En 2008 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los EE.UU. (GAO por sus siglas en inglés) encontró que Plan Colombia no cumplió con los objetivos de reducción de la producción de drogas, ya que el flujo estimado de cocaína hacia los Estados Unidos desde Sudamérica aumentó entre 2000 y 2006.[9]
En lugar de que esto fuera una causa para un cambio en la estrategia, el fracaso del Plan Colombia se minimizó en favor de una serie de indicadores emergentes vinculados a la seguridad y a mejorar el entorno empresarial. Bradford Higgins, Subsecretario de Gestión de Recursos de EE.UU., argumentó: “En muchos sentidos, los programas de Colombia y el apoyo de EE.UU. han evolucionado a partir de nuestro enfoque original más estrecho, hacia una estrategia integral que puede servir como modelo para informar esfuerzos en otros estados fallidos o deficientes”.[10]
Esfuerzos previos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones relacionadas con narcóticos en Colombia impactaron negativamente las inversiones de Estados Unidos. El Consejo de Empresas de América —un consorcio de empresas estadounidenses en Colombia— informó que en 1996 sus empresas afiliadas perdieron 875 millones de dólares estadounidenses debido a las sanciones.[11] Ese mismo año el Departamento de Estado informó sobre las sanciones requeridas por la Overseas Private Investment Corporation y el Banco de Exportación e Importación resultaron en la congelación de cerca de $1.5 mil millones en créditos de inversión y préstamos. Esto incluyó una pérdida de $280 millones para una empresa de EE.UU. activa en la industria petrolera de Colombia.[12]
De acuerdo con un informe elaborado por el gobierno colombiano, los objetivos del Plan Colombia son “promover las condiciones para la generación de empleo y la estabilidad social” y la ampliación de “las preferencias arancelarias en compensación por los efectos negativos del tráfico de drogas para favorecer un acuerdo de libre comercio que amplíe las oportunidades de empleo”.[13]
Al comienzo del Plan Colombia, el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) fue calculado en $2.4 mil millones.[14] En 2011, la IED en Colombia sumó $14.4 mil millones, la tasa de crecimiento más rápida en América Latina.[15] El petróleo y el gas constituyen una parte cada vez más importante de la IED, al sobrepasar alrededor de una décima a mediados de los 90 a casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los $ 4.3 mil millones.[16]
Un decreto aprobado en 2003 permitió a la inversión privada en el sector petrolero de Colombia a través de la privatización parcial de la ex empresa estatal Ecopetrol.[17] A partir de 2010 la IED en el sector minero (incluyendo la minería de carbón) se situó con más de $2 mil millones, lo que representa más de la mitad de la inversión no petrolera.[18]
En 2008, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se jactó de que “el despegue económico de Colombia después de 2003 no ocurrió por casualidad”. Cincuenta y dos áreas del sistema económico de Colombia fueron objeto de reforma, y bajo el Plan Colombia, “USAID proporcionó asistencia técnica para ayudar a diseñar e implementar políticas que van desde la reforma fiscal hasta el fortalecimiento del sector financiero y mejorar el entorno para las pequeñas empresas, y muchos otros”.[19]
Esto se logró mediante una combinación de reformas legales e incentivos fiscales, la firma de nuevos acuerdos de libre comercio (entre Colombia y los Estados Unidos, así como entre Colombia y Canadá) y la militarización de la industria extractiva. EE.UU. entrenó “batallones de energía” para proteger oleoductos, carreteras y otros proyectos de infraestructura.
Un informe preparado en 2007 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales [20] afirmó que Colombia “tuvo una recuperación fuerte… con impresionantes tasas de crecimiento, reducción del desempleo, aumento de los niveles de inversión, expansión del comercio, reducción de la inflación y un aumento de la confianza de los inversores”. Estos beneficios, según informa, “están estrechamente vinculados a mejoras en cuanto a la seguridad y, a su vez, ayudarán a crear más empleos en la economía legítima, como una alternativa a las actividades ilegales”.
Desde la perspectiva del Departamento de Estado de EE.UU., el Plan Colombia no es un fracaso. Todo lo contrario: se ha permitido la creación de un nuevo modelo eficaz para la intervención de EE.UU. En 2010 los inversionistas extranjeros más grandes de Colombia eran Panamá y Anguila (un territorio británico de ultramar), ambos paraísos fiscales, seguidos por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda y España.[21]
El lenguaje de la “estrategia integral”, utilizado para resaltar el Plan Colombia, refleja el lenguaje oficial de la guerra de contrainsurgencia.
“La contrainsurgencia es una forma muy compleja de la guerra… El logro de estos objetivos requiere la sincronización de esfuerzos de muchas agencias no militares y agencias [de la Nación Anfitriona] en un enfoque integral”, se lee en un manual de contrainsurgencia del ejército estadounidense, publicado en 2006.[22]
Incluso el director de asuntos internacionales y comercio de la GAO, en su testimonio ante la Cámara de Representantes, afirmó que “los programas internacionales se enfrentan a retos importantes en la reducción de la oferta de drogas ilegales, pero apoyan a los objetivos generales de la política exterior estadounidense”.[23]
Pero como han señalado Gian Carlo Delgado-Ramos y María Silvina Romano, en la guerra contra las drogas “la estrategia es compleja y peligrosa, ya que vincula una multiplicidad de actores aparentemente opuestos, legales e ilegales que, sin embargo reciben beneficios en forma de aumento de potencia o riqueza”. Al mismo tiempo, está claro que “la explotación de las personas, las naciones y los recursos se profundiza en la región”.[24]
Aplicación del modelo en México
Un viernes en septiembre de 2006, justo después de su disputada elección como presidente, Felipe Calderón y su esposa invitaron a cenar a Antonio Garza, entonces embajador de EE.UU. y su esposa. En algún momento, Calderón le dijo al embajador que la mejora de la seguridad sería una parte clave de su administración.
Cuando Garza presentó su resumen por escrito de la noche a sus jefes del Departamento de Estado, incluyó comentarios de Calderón. De acuerdo con sus propias notas, el embajador respondió: “Las ganancias en la competitividad, la educación y el empleo podrían ser rápidamente eclipsadas por cuadrillas del crimen organizado relacionadas con narcóticos”.[25] Para poner en marcha la economía de México, “los extranjeros y mexicanos por igual merecen que se les asegure que la ley prevalecerá”.[26]
Ciudad Juárez, campo de guerra. Foto: SubVersiones, junio 2011
Apenas dos meses más tarde, Calderón lanzó la guerra contra las drogas en México. Al año siguiente, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron la Iniciativa Mérida, que se describe como “un paquete de los EE.UU. contra las drogas y la asistencia contra el crimen en México y Centroamérica”.[27] En el momento en que fue firmada por George W. Bush en 2008, lo que dijo Garza de pelear contra los narcos con el fin de impulsar el negocio quedó en el olvido. En cambio, la principal justificación para que los legisladores apoyaran el proyecto de ley era detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.[28]
Tanto el gobierno de los EE.UU. como los críticos coinciden en que la Iniciativa Mérida en México y Centroamérica es una iteración refinada del Plan Colombia. “Sabemos que Estados Unidos ha apoyado a Colombia y ahora a México para que con un buen liderazgo, la inversión proactiva y asociaciones comprometidas se cambie el rumbo”, dijo Hillary Clinton a los delegados a la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en la ciudad de Guatemala el pasado verano. [29]
El financiamiento de EE.UU. para la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2010 sumó $1.3 mil millones para México, cuyo gobierno contribuyó fondos con una proporción de 13 a 1.[30] Los fondos de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central que fluyen hacia Centroamérica durante el mismo período se situaron en $248 millones, mientras que de los fondos de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, $42 millones se destinaron a Haití y la República Dominicana.[31]
La “estrategia integral” de Mérida incluye fondos para el entrenamiento de policías y soldados para proteger la infraestructura crítica, la militarización de la policía y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales con el equipo de EE.UU., la transformación del sistema judicial mexicano a un sistema de estilo juicios orales, la modernización de la frontera México-Estados Unidos y la promoción de fortalecimiento institucional y la reforma económica.
Uno de los objetivos del programa de USAID es que el “Gobierno de México se vuelva más eficaz en la reducción de los monopolios y la eliminación de prácticas anticompetitivas”.[32] Se centra en la legislación relacionada con las telecomunicaciones, la banca y la regulación de la energía. Otro objetivo importante es promover un nuevo régimen regulatorio y la privatización adicional, la desregulación y la inversión extranjera directa en los sectores de transporte, financiero, energético y de telecomunicaciones.[33]
Junto con la Comisión Federal de Electricidad, Pemex es la perla más preciada del esfuerzo de privatización. Muchos mexicanos prominentes han abogado por su privatización, entre ellos Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Algunos, como el jefe de la Bolsa Mexicana de Valores, han propuesto utilizar como modelo la reforma de Colombia en el sector petrolero.[34]
En una presentación en marzo de 2012, un representante del Banco de México habló sobre la agenda de reformas pendientes para el banco central del país. Esto incluye la mejora de la facilidad con que las empresas puedan hacer negocios en México, la eliminación de “obstáculos legales,” que impiden la flexibilidad laboral, “fortalecimiento del estado de derecho,” y la consolidación de las políticas macroeconómicas.[35]
En 2008, antes de que la crisis financiera se extendiera a México, la IED alcanzó $23.2 mil millones, pero cayó al año siguiente a $11.4 mil millones de dólares.[36] Sin embargo, la IED se ha recuperado, y en 2011 se situó en $19.43 mil millones, principalmente en el sector manufacturero (44,1%), seguido por servicios financieros (18%) y minería (8%).[37] Anuncios recientes indican que habrá una oleada de nuevas inversiones en automóviles y la fabricación aeroespacial en el centro de México.
El Ministro de Finanzas de México, Bruno Ferrari, dijo a Bloomberg en una entrevista en inglés en agosto de 2011 que “hoy en día lo que estamos viendo es que estamos teniendo una gran lucha contra la delincuencia de manera que, como he dicho, [se] garanticen las inversiones futuras y las inversiones que se tienen en este momento porque lo que estamos viendo es que México está luchando para prevalecer contra la delincuencia”.[38]
Las aseveraciones de Ferrari están respaldadas por las experiencias de la élite empresarial transnacional. De acuerdo con un artículo de portada de Business Week en 2009, [39] los ataques contra personal extranjero y de las fábricas han sido poco frecuentes en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas a lo largo de las rutas del narcotráfico, incluyendo Reynosa, Nuevo Laredo y Tijuana.
La policía ya ha sido entrenada con instrucciones especiales para atender a las empresas transnacionales. Tras el secuestro de un ejecutivo de una empresa, la policía sugirió a sus administradores que alteraran sus rutinas de trabajo; que dejaran Juárez antes de la puesta del sol, y que se adhirieran a las dos arterias principales. Las patrullas fueron reforzadas a lo largo de estos caminos, “creando corredores relativamente seguros entre la frontera y los parques industriales”.[40]
Aún de mayor importancia es otro tipo de seguridad que necesitan las empresas transnacionales. Como subrayó el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “lo que es importante para un inversionista en cuanto a la seguridad tiene que ver con la seguridad jurídica y el riesgo en el país”.[41]
Esta noción de “seguridad” evoca el modelo de Colombia: la paramilitarización al servicio del capital. Ese modelo incluye la formación de escuadrones de la muerte paramilitares, el desplazamiento de la población civil, y un aumento en la violencia. En el sector comercial, son los y las trabajadores, las pequeñas empresas y un sector de las élites locales, quienes son los más afectados por las políticas de la guerra contra las drogas.
Aunque estos aspectos no oficiales de la guerra contra las drogas se presentan a veces como daño o amenaza a la inversión extranjera directa, de hecho, es la violencia la que controla a los y las trabajadores y desplaza comunidades campesinas de los territorios de interés para la expansión de las empresas transnacionales.
El otro lado del modelo colombiano
Durante generaciones, las comunidades indígenas y campesinas en Colombia habían defendido el título colectivo de sus tierras, sin embargo, los grupos paramilitares los han obligado a huir.
Este fenómeno es descrito brevemente por David Maher y Andrew Thompson: “…las fuerzas paramilitares siguen avanzando en un proceso de acumulación de capital a través del desplazamiento forzado de comunidades en zonas de importancia económica. Una gran parte de los ciudadanos de Colombia siguen abandonando sus tierras ya que son desplazados por la fuerza de sus hogares, satisfaciendo el apetito voraz de corporaciones multinacionales extranjeras (principalmente de Estados Unidos) para el territorio colombiano, a la vez que se arraiga el programa económico neoliberal en la sociedad colombiana”.[42]
las fuerzas paramilitares siguen avanzando en un proceso de acumulación de capital a través del desplazamiento forzado de comunidades en zonas de importancia económica
En 2001, los paramilitares fueron responsables de la mitad de los desplazamientos forzados en Colombia. Los grupos de guerrilla causaron 20% de los casos, y tanto los paramilitares como la guerrilla, otro 22%.[43] “Los grupos paramilitares no sólo tienen la mayor parte de la responsabilidad, sino que también son más eficaces en la instigación de desplazamiento”.[44]
En Colombia, la paramilitarización es también beneficiosa para las empresas transnacionales que desean disuadir a la organización sindical: “Como parte del prolongado apoyo para la campaña de contrainsurgencia, la violencia paramilitar-estatal mantienen como objetivo sistemático a los grupos civiles, tales como las organizaciones sindicales, que se consideran una amenaza para la política económica y la ‘estabilidad’ que favorezca el desarrollo neoliberal de Colombia. Esto ha convertido a Colombia en un lugar atractivo para la inversión extranjera, pues las malas condiciones laborales y los bajos salarios mantienen altos los índices de ganancia”.[45]
Los bien documentados casos de la bananera Chiquita Brands, la minera Drummond, y el gigante del petróleo BP, han examinado vínculos entre grupos paramilitares y empresas transnacionales de Estados Unidos.[46] En marzo de 2007 en una corte de Washington, DC, representantes de Chiquita Brands se declararon culpables por haber efectuado pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).[47]
“Chiquita realizó más de 100 pagos a las AUC con un valor de más de $ 1.7 millones”, según el Departamento de Justicia de EE.UU. “Chiquita Brands pagó dinero manchado de sangre a los terroristas como Carlos Castaño para proteger sus propios intereses financieros”, según la firma de abogados que representa a las víctimas.
La experiencia (hasta ahora)
La colusión directa entre las transnacionales estadounidenses y los grupos paramilitares es en general difícil de probar, y cuando las pruebas surgen es probable que no se descubran rápidamente.
Pero ya sabemos que a un grupo de compañías de Texas se les acusa de complicidad con los Zetas para importar ilegalmente combustibles robados.[48] (Los Zetas son el brazo armado del Cártel del Golfo, que opera en el noreste de México. Los dos grupos se dividieron en 2010, y desde entonces los Zetas se han convertido esencialmente en un grupo narco-paramilitar, a pesar de que en los medios de comunicación se refiere a ellos como un cártel de drogas.)
“Los Zetas son una fuerza paramilitar”, el Dr. William Robinson, autor de Una teoría del capitalismo global, me dijo en una entrevista realizada el verano pasado. “Básicamente se trata de la creación del paramilitarismo junto con la militarización formal, lo cual es un modelo colombiano”.
Los Zetas están activos en varias partes de México, particularmente Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, y también tienen la culpa por las masacres en el estado mexicano de Jalisco y en el Petén, Guatemala. Aunque no son el único grupo paramilitar en México, son el grupo que sin duda recibe la mayoría de la atención por parte de los medios de comunicación.
Imagen de una frontera herida. Caravana por la Paz en Estados Unidos, agosto 2012. Foto: Sari Dennise
“Hay que tener en cuenta que Santos, el Presidente colombiano, al igual que [el presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quiere ampliar el Plan Colombia, que no sólo significa el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, sino también en realidad significa convertirlo en una forma de paramilitarismo a fin de generar un nuevo tipo de contrainsurgencia, no en contra de los movimientos sociales, sino en contra de las comunidades indígenas”, dijo Máximo Ba Tiul, un analista Maya Poqomchi y profesor radicado en Guatemala.
Si bien existe una vacilación por parte de los periodistas para vincular la cobertura de la “guerra contra las drogas” con las luchas en torno a los recursos naturales, hay una creciente lista de lugares donde este tema —y las lecciones de la guerra de EE.UU. en Colombia— se pueda explorar.
- Los residentes de Ciudad Mier, una pequeña comunidad en Tamaulipas, salieron en masa a causa de la violencia paramilitar. La ciudad se encuentra en lo alto del campo de gas más grande de México, al igual que una gran parte del violento estado.
- En el Valle de Juárez, considerado el lugar más peligroso en México, los asesinatos y las amenazas han obligado a muchos a abandonar el lugar. A la vez, se está construyendo un nuevo cruce fronterizo entre los EE.UU. y México.
- En Santa María Ostula, una pequeña comunidad indígena nahuatl en la costa de México, por lo menos 28 personas han sido asesinados (y otros cuatro han desaparecido) por la violencia paramilitar y estatal desde 2009. Estratégicamente ubicado, su territorio se encuentra en una zona rica en minerales.
- En la Sierra Madre en el norte de México, las empresas mineras canadienses operan en áreas en las que incluso funcionarios del gobierno temen entrar a causa de la presencia de narcotraficantes armados.
- En el Petén, Guatemala, debido a la presencia de los Zetas los funcionarios del gobierno militarizaron la zona y declararon un estado de sitio de ocho meses que concluirá a principios de 2012. Anuncios recientes indican que una nueva fiebre del petróleo está teniendo lugar en la misma región.
La paramilitarización también puede afectar a los capitalistas locales, regionales e incluso nacionales relacionados con la economía nacional, obligándoles a cerrar sus tiendas y negocios. Esto, a su vez, abre el espacio para que las empresas transnacionales y los inversionistas obtengan acceso a los sectores de la economía anteriormente dominada por los capitalistas locales.
“Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más pequeñas y aquellas ubicadas en los estados del norte de México”, escribe Guadalupe Correa Cabrera, un profesor de la Universidad de Texas en Brownsville. “La inseguridad perjudica en mayor medida a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes debido a que el crimen organizado “tiene más facilidad de penetración con ellos, que con los directivos de empresas grandes los cuales, en muchos casos, operan desde fuera del país”.[49]
De acuerdo con la Coparmex, una asociación empresarial mexicana, 160,000 empresas cerraron debido a la inseguridad durante el 2011. (50) “Hay una reconversión de la economía que tiene lugar a nivel nacional que está favoreciendo a [las grandes empresas], y está haciendo que [los mexicanos] sean conviertidos en empleados en lugar de ser empresarios,” dijo Correa Cabrera durante una presentación en Baja California Sur en febrero.
Los precedentes en Colombia y los actuales acontecimientos en otros lugares sugieren posibles áreas para la profundización de la investigación con el fin de determinar mejor en qué medida México y Centroamerica están siendo sometidas a un modelo en el cual, como informan David Maher y Andrew Thomson, el terror paramilitar “…siga teniendo un papel decisivo en la creación y el mantenimiento de las condiciones propicias para la expansión del programa neoliberal, tales como los bajos costos laborales y el acceso a la tierra…”[51]
El aumento de estudio e investigación de las nuevas políticas económicas alentadas por las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos podría ayudar a revelar la magnitud de la transformación económica que se ha iniciado en México y Centroamérica.
Las elecciones en México no prometen alivio del horror y la violencia de la guerra, que lo más probable continuará durante al menos otros seis años. “Todos los aspirantes a la presidencia propondrán continuar o intensificar la guerra contra los mafiosos”, según un artículo recién publicado en The Economist.[52]
Sin una mejor comprensión, las discusiones sobre la guerra en México podrían permanecer restringidas dentro de la retórica de la prohibición de las drogas frente a su liberalización. Este tipo de debate es totalmente erróneo como medio para denunciar y movilizar resistencia a la “guerra contra las drogas”, que se trata de implementar mayor control social y territorial sobre las tierras y las personas, en el interés de la expansión capitalista.
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By Dawn Paley
Dawn Paley probes beneath the surface of the drug war in Colombia and Mexico. She explores the mechanisms employed, reports on the economic and human devastation, analyzes the possible reasons for continuing the war and suggests further areas of inquiry. PDF of an extended edition for the web.
IN BOTH THE United States and Canada there have been sustained grassroots efforts to spotlight the unjust mass incarceration and criminalization of poor people, and especially poor people of color, for drug-related arrests. But there has been too little analysis about the reasons behind and mechanisms of this war, and its economic impact on Mexico and beyond.
Even before a withdrawal from Iraq or Afghanistan has been achieved, the United States has become involved in a series of intensifying conflicts taking place from Mexico’s north border through Peru. Governments and mainstream media label it a “war on drugs.” It is important to examine how the expanding “war on drugs” connects to the expansion of transnational corporate control over markets, labor and natural resources.
In Honduras, four Indigenous people were shot and killed in May, when Honduran forces opened fire from a U.S. State Department helicopter, all under the supervision of uniformed U.S. agents. In Mexico — under the guidance of the United States, Canada, Israel and Colombia — the police and army are being transformed.
In Colombia, the war has gone on for decades and involved billions of U.S. dollars, but is being rebranded as a fight against crime. Through the 1980s, the Colombian state became increasingly paramilitarized, a process which “manifested itself as threats, bombings, and selective assassinations or collective massacres of government officials (principally but not exclusively from the left), and of popular political leaders, workers, peasants, professors, human rights activists, and members of nongovernmental organziations.”
U.S. assistance to Colombia in the form of anti-narcotics program funding resulted in the strengthening of paramilitary and unofficial police groups, reported to have patrolled alongside the Colombian Army and involved in the vast majority of massacres and forced displacements in the country.
“Saying that the drug war has failed is to not understand something,” remarked Noam Chomsky in a speech this May. “One must ask oneself what is it that the planners have in mind given the amount of evidence that what they are trying to achieve doesn’t work. What are the probable intentions?”(1)
Chomsky’s comments point to an urgent area of research for activists and journalists wishing to understand today’s drug wars. It is increasingly clear that there is more work to be done in order to properly piece together the reasons for U.S.-led militarization in the Americas.
Reconsidering the so-called drug wars requires — in part — evaluating how they have encouraged the expansion of foreign direct investment and extractive industries in Colombia, Mexico and Central America.
Raquel pauses and drags on a cigarette, as if trying to remember a language she’s forgotten. It doesn’t come. Then she asks me if I’ve read Naomi Klein’s book The Shock Doctrine. I nod. Silence. “The thing is, in Mexico, the shocks didn’t work,” she says.
It’s not that there was a shortage of shocks. Neoliberal economic policies were first introduced in the form of structural adjustment programs. These ended a period of steady economic growth, import substitution industrialization, and high oil prices known as the Mexican Miracle.
“From 1980 to 1991, Mexico received thirteen structural adjustment loans from the World Bank, more than any other country,” wrote Tom Barry in his 1995 book Zapata’s Revenge. “It also signed six agreements with the IMF, all of which brought increased pressure to liberalize trade and investment.”(2)
In the 1980s, sometimes called the “lost decade,” oil prices collapsed along with the peso. “From over a thousand state enterprises in 1983, the Mexican state owned around two hundred by 1993. In 1991, the Mexican program brought in more money to government coffers (US$9.4 billion) than all other sales of public companies in Latin America combined.”(3) By the end of 1994, Mexico had signed on to the North America Free Trade Agreement, witnessed the Zapatista uprising, and undergone another major currency devaluation.
But by the turn of the 21st century, Mexico’s territory and economy still weren’t fully open to foreign investors. “Regardless of the reforms, the performance of the Mexican economy over the last three decades has not been satisfactory,” read a report released earlier this year by the Mexican Central Bank.(4)
Peasant and Indigenous communities continued to exercise communal title over lands rich in resources. A large middle class owned small businesses, and the richest Mexican families kept control over lucrative sectors of the economy. According to the U.S. State department, Mexico’s 10 richest families “are not the only obstacle to improving competition in the Mexican economy.” Pemex, the 17th largest oil company in the world by oil reseves, remained in state hands.(5)
Something more than an economic shock was in order: a comprehensive strategy proven to increase foreign direct investment. It had to ensure that the local police and army, and eventually the entire legal system, would operate according to U.S. standards. This strategy is colloquially known as the war on drugs.
Since the Nixon presidency, the U.S. government has poured almost a trillion dollars(6) into the “war on drugs” in countries such as Colombia and Afghanistan. Direct links between drug war policies and improving investment climate are revealed through careful examination of U.S. engagement in Colombia from 2000-2006. The strategy has been refined and expanded over the past two decades through experimentation both domestically and internationally.
In the 11 years since Plan Colombia was launched, the U.S. government has spent over $3.6 billion on narcotics and law enforcement initiatives. Yet the U.S. government reports that “Colombia remains one of the world’s largest producers and exporters of cocaine, as well as a source country for heroin and marijuana.”(8)
A 2008 U.S. Government Accountability Office (GAO) report on Plan Colombia found that the agreement failed to meet its targets for reducing drug production, with the “estimated flow of cocaine towards the United States from South America” rising from 2000-2006.(9)
Instead of a causing a change in strategy, Plan Colombia’s failure to reduce drug trafficking and production was minimized in favor of an emerging series of metrics linked to security and improving the business environment. Bradford Higgins, U.S. Assistant Secretary for Resource Management, argued, “In many ways, Colombian programs and U.S. support have evolved from our original, more narrow focus into a comprehensive strategy that can now serve as a model to inform efforts in other challenged or failing states.”(10)
Previous U.S. efforts to enforce narcotics-related sanctions on Colombia had negatively impacted U.S. investments. The Council of American Enterprises — an American business consortium in Colombia — reported that in 1996 its member companies lost $875 million in sales because of the sanctions.(11) That same year the State Department reported that the sanctions required the Overseas Private Investment Corporation and the Export-Import Bank to freeze about $1.5 billion in investment credits and loans. This included a $280 million loss to a U.S. company active in Colombia’s oil industry.(12)
According to a report prepared by the Colombian government, the objectives of Plan Colombia are “promoting conditions for employment generation and social stability” and expanding “tariff preferences in compensation for the negative effects of the drug trade and to favor a Free Trade Agreement that will broaden employment opportunities.”(13)
At the outset of Plan Colombia, total Foreign Direct Investment (FDI) was calculated at $2.4 billion.(14) By 2011, Colombia’s FDI stood at $14.4 billion, the fastest growth rate in Latin America.(15) Oil and gas make up an increasingly important portion of FDI, increasing from around one tenth in the mid ‘90s to almost one third by 2010, when it reached $4.3 billion.(16)
A decree passed in 2003 allowed for private investment in Colombia’s oil sector and the partial privatization of formerly state-owned Ecopetrol.(17) As of 2010 FDI in the mining sector (including coal mining) stood at over $2 billion, accounting for more than half of all non-petroleum investment.(18)
In 2008, the United States Agency for International Development (USAID) boasted that “Colombia’s economic takeoff after 2003 did not happen by chance.” Fifty-two areas of Colombia’s economic system were targeted for reform, and under Plan Colombia, “USAID provided technical assistance to the [Government] to help it design and implement policies ranging from fiscal reform to financial sector strengthening to improving the environment for small businesses, and many others.”(19)
This was accomplished through a combination of legal reforms and tax breaks, the signing of new Free Trade Agreements (between Colombia and the United States as well as between Colombia and Canada) and the militarization of the extractive industry. U.S. trained “energy battalions” protected pipelines, roads and other infrastructure.
A 2007 report by the Centre for Strategic and International Studies(20) claimed that Colombia “made a strong recovery…with impressive rates of growth, reduced unemployment, increased levels of investment, expanded trade, lower inflation, and a surge in investor confidence.” These gains, they report, “are closely linked to improved security and, in turn, help create more jobs in the legitimate economy as an alternative to illegal pursuits.”
From the perspective of the U.S. State Department, Plan Colombia is not a failure. Quite the contrary: it has allowed for the creation of an effective new model for U.S. intervention. By 2010 Colombia’s largest foreign investors were Panama and Anguilla (a British Overseas Territory), both tax havens, followed by the United States, England, Canada, Bermuda and Spain.(21)
The language of a “comprehensive strategy,” used to play up Plan Colombia, mirrors the official language of counterinsurgency warfare. “[Counterinsurgency] is an extremely complex form of warfare…. Achieving these aims requires synchronizing the efforts of many nonmilitary and [Host Nation] agencies in a comprehensive approach,” reads the U.S. Military Counterinsurgency Manual, released in 2006.(22)
Even the GAO’s director of international affairs and trade, in testifying before the House of Representatives, stated that “international programs face significant challenges reducing the supply of illegal drugs but support broad US foreign policy objectives.”(23)
But as Gian Carlo Delgado-Ramos and Silvina María Romano have noted, the drug war “strategy is complex and dangerous, since it links a multiplicity of apparently opposed legal and illegal actors who nevertheless receive benefits in the form of increased power or wealth.” At the same time it is clear that “the exploitation of the people and of the nations’ and the region’s resources deepens.”(24)
With this background, let us examine the threads in Mexico.
When Garza submitted his written recap of the evening to his State Department bosses, he included Calderón’s comment. According to his own notes, the Ambassador replied “Gains on competitiveness, education and employment could be quickly overshadowed by narcotics-related organized crime.”(25) To jump-start Mexico’s economy, “foreigners and Mexicans alike had to be reassured that the rule of law would prevail.”(26)
Barely two months later, Calderón launched the war on drugs in Mexico. The following year, the U.S. and Mexican governments announced the Mérida Initiative, described as “a package of U.S. counterdrug and anticrime assistance for Mexico and Central America.”(27) By the time it was signed by George W. Bush in 2008, Garza’s prodding about cracking down on narcos in order to boost business was forgotten. Instead, the primary justification for lawmakers endorsing the bill was to stem the flow of drugs to the United States.(28)
Both the U.S. government and critics agree that the Mérida Initiative in Mexico and Central America is a refined iteration of Plan Colombia. “We know from the work that the United States has supported in Colombia and now in Mexico that good leadership, proactive investments, and committed partnerships can turn the tide,” Hillary Clinton lectured delegates to the Central America Security Conference in Guatemala City last summer.(29)
Total U.S. funding for the Mérida Initiative between 2008 and 2010 was $1.3 billion for Mexico, whose government matched the funds 13 to 1.(30) Mérida/Central America Regional Security Initiative funds flowing to Central America during the same period stood at $248 million, while the Merida/Caribbean Basin Security Initiative funds of $42 million went to Haiti and the Dominician Republic.(31)
Merida’s “comprehensive strategy” includes funds for training police and soldiers to protect critical infrastructure, militarizing police and outfitting local security forces with U.S. equipment, transforming the Mexican judicial system to a U.S.-style oral trials system, modernizing the U.S.-Mexico border and promoting institutional building and economic reform.
One of USAID’s program goals is that the “Government of Mexico becomes more effective in curbing monopolies and eliminating anticompetitive practices.”(32) They focus on legislation related to telecommunications, banking and energy regulation. Another important objective is to advocate a new regulatory regime and additional privatization, deregulation, and foreign direct investment in the transportation, financial, energy and telecommunications sectors.(33)
Pemex — along with the Federal Electricity Commission — is the crown jewel of the privatization effort. Many prominent Mexicans, including Enrique Peña Nieto, the Institutional Revolutionary Party (PRI) candidate and frontrunner in the 2012 presidential elections, have advocated its privatization. Some, like the head of the Mexican Stock Exchange, have proposed using as their model Colombia’s oil sector reform.(34)
In a March 2012 presentation, a Bank of Mexico representative talked about the pending reform agenda for the country’s central bank. This includes improving the ease with which companies can do business in Mexico, removing “legal obstacles,” preventing labor flexibility, “strengthening the rule of law,” and consolidating macroeconomic policies.(35)
In 2008, before the financial crisis spread to Mexico, FDI reached $23.2 billion but fell the following year to $11.4 billion.(36) However FDI has rebounded and by 2011 stood at $19.43 billion, primarily in the manufacturing sector (44.1%) followed by financial services (18%) and mining (8%).(37) Recent announcements indicate that there will be a surge of new investment in auto and aerospace manufacturing in central Mexico.
Mexico’s Finance Minister Bruno Ferrari told Bloomberg in an English interview in August 2011 that “Nowadays what we are seeing is that we are having a big fight against crime so that, as I said, [it] guarantees the future investments and the investments we are having right now because what we are seeing is that Mexico is fighting to prevail against crime.”(38)
Ferrari’s statement is backed up by the experiences of the transnational business elite. According to a 2009 Business Week cover story,(39) attacks on foreign staff and factories have been rare in Juárez and other border towns along drug-trafficking routes, including Reynosa, Nuevo Laredo, and Tijuana.
Police are already deployed with special instructions to care for transnational corporations. Following the kidnapping of a corporate executive, the police suggested managers alter their work routines, leave Juárez by sundown, and stick to two key roads. Patrols were beefed up along these roads, “creating relatively safe corridors between the border and the industrial parks.”(40)
Even more important is another kind of security transnational corporations need. As the director of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean underscored, “What is important for an investor in regards to security has to do with legal security and country risk.”(41)
This notion of “security” calls up the Colombia model: paramilitarization in the service of capital. This model includes the formation of paramilitary death squads, the displacement of civilian populations, and an increase in violence. In the commercial sector, it is workers, small businesses and a sector of the local elite who are hit hardest by drug war policies.
Though these non-official aspects of the war on drugs are sometimes presented as damaging or threatening foreign direct investment, in fact it is violence that controls workers and displaces land-based communities from territories of interest to transnational corporate expansion.
"…paramilitary forces continue to advance a process of capital accumulation through the forced displacement of communities in areas of economic importance. Large sections of Colombia’s citizenry continue to abandon their lands as they are forcibly displaced from their homes, satisfying the voracious appetite of foreign (mainly U.S.) multinational corporations (MNCs) for Colombian territory as the neo-liberal economic programme is further entrenched in Colombian society."(42)
In 2001, paramilitaries were responsible for half of all forced displacements in Colombia. Guerrilla groups caused 20% of the cases, with paramilitaries and guerrillas together for another 22%.(43) “Paramilitary groups not only bear the bulk of the responsibility, they are also more effective in instigating displacement.”(44)
In Colombia, paramilitarization is also beneficial to transnational corporations wishing to dissuade labor organizing:
"As part of the protracted U.S.-supported counterinsurgency campaign, paramilitary–state violence continues to systematically target civil groups, such as trade union organisations, which are considered a threat to the political and economic 'stability' conducive to the neo-liberal development of Colombia. This has made Colombia very attractive to foreign investment as poor working conditions and low wages keep pro?t margins high."(45)
Well-documented cases of Chiquita Brands, Drummond mining corporation, and BP, the oil giant, have traced the links between paramilitary groups and U.S. and transnational corporations.(46) In March of 2007, representatives of Chiquita Brands pled guilty in a Washington, D.C. court to making payments to the Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paramilitaries.(47)
“Chiquita made over 100 payments to the AUC amounting to over $1.7 million,” according to the U.S. Department of Justice. “Chiquita Brands paid blood money to terrorists like Carlos Castaño to protect its financial interests,” according to the law firm representing the victims.
But already we know that a group of Texas companies are accused of colluding with the Zetas to illegally import stolen fuel.(48) (The Zetas were the armed wing of the Gulf Cartel, which is active in northeast Mexico. The two groups split in 2010, and since then the Zetas have essentially become a narco-paramilitary group, though they are often referred to in the media as a drug cartel.)
“The Zetas are a paramilitary force,” Dr. William Robinson, author of A Theory of Global Capitalism, told me when I interviewed him last summer: “Basically it’s the creation of paramilitarism alongside formal militarization, which is a Colombian model.”
The Zetas are active in various parts of Mexico, particularly Tamaulipas, Nuevo Leon and Veracruz, and they are also blamed for massacres in the state of Jalisco and Petén, Guatemala. Although they are not the only paramilitary group in Mexico, they are the group that receives by far the most media attention.
“We need to keep in mind that Colombian President Santos, like [Guatemalan President Otto] Pérez Molina, wants to expand Plan Colombia, which doesn’t just mean strengthening the fight against narcotrafficking, but actually means converting it into a form of paramilitarism in order to generate a new kind of counterinsurgency, not against social movements, but against indigenous communities,” said Maximo Ba Tiul, a Mayan Poqomchi analyst and professor based in Guatemala.
While there is a hesitation on the part of journalists to link their coverage of the “drug war” with struggles around natural resources, there is a growing list of places where this theme — and the lessons from the U.S. war in Colombia — can be further explored.
• Residents of Ciudad Mier, a small community in Tamaulipas, left en masse because of paramilitary violence. The town sits on top of Mexico’s largest gas field, as does a large portion of the violence-ridden state.
• In the Juárez Valley, considered the most dangerous place in Mexico, killings and threats have forced many to leave, just as a new border crossing between the U.S. and Mexico is being constructed.
• In Santa Maria Ostula, a small Indigenous Nahuatl community in coastal Mexico, at least 28 people have been killed (and four others disappeared) by paramilitary and state violence since 2009. Their territory is in a mineral rich and strategically located area.
• In the Sierra Madre mountain range in northern Mexico, Canadian mining companies operate in areas where even government officials fear to enter because of the presence of armed narcotraffickers.
• In Petén, Guatemala, government officials militarized the area and declared a state of emergency because of the presence of Zetas that lasted eight months, ending in early 2012. Recent announcements indicate that a new oil rush is taking place in the same region.
Paramilitarization can also impact local, regional and even national capitalists connected to the domestic economy, forcing them to close their shops and businesses. This, in turn, opens up space for transnational corporations and investors to gain access to sectors of the economy previously dominated by local capitalists.
“The businesses that are most affected by the violence are the smallest and those that are located in the states of northern Mexico,” writes Guadalupe Correa Cabrera, a professor at the University of Texas in Brownsville. “The lack of security hurts small and medium producers, businesses and vendors to a larger degree, due to the fact that organized crime has ‘a higher ease of penetration with them than with the directors of large companies, which, in many cases, operate from outside the country.’”(49)
According to COPARMEX, a Mexican business association, 160,000 businesses closed because of insecurity during 2011.(50) “There is a reconversion of the economy taking place at the national level that is favoring [large companies], and it is making more [Mexicans] into employees instead of entrepreneurs,” said Correa Cabrera during a presentation in Baja California Sur in February.
Precedents in Colombia and ongoing events elsewhere suggest possible areas for deepening the research in order to better ascertain to what extent Mexico and Central America are being subjected to a model whereby as David Maher and Andrew Thomson report, paramilitary terror “…continues to be instrumental in the creation and maintenance of conditions, such as low labour costs and access to land, which are conducive to the expansion of the neo-liberal programme...”(51)
Increased study and research of the new economic policies encouraged through U.S. anti-narcotics policy could help reveal the full extent of the economic transformation that has been initiated in Mexico and Central America.
Upcoming elections in Mexico promise no relief from the horror and violence of the war, which will most likely carry on for at least another six years. “All the presidential hopefuls propose to continue or intensify the war against the gangsters,” reads a recent piece in The Economist.(52)
Without a better understanding, discussions about the war in Mexico could remain contained within the rhetoric of drug prohibition versus liberalization. This kind of debate is wholly inaccurate as a means of denouncing and mobilizing resistance to a “war on drugs” that may be better understood as being about increased social and territorial control over lands and people, in the interest of capitalist expansion.
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Por Dawn Paley
Sondas alvorecer Paley abaixo da superfície da guerra às drogas na Colômbia e no México. Ela explora os mecanismos empregados, relatórios sobre a devastação econômica e humana, analisa as possíveis razões para continuar a guerra e sugere novas áreas de investigação. PDF de uma edição estendida para a web.
Tanto nos Estados Unidos e Canadá não ter sofrido esforços de base para destacar o injusto encarceramento em massa e criminalização dos pobres, e especialmente as pessoas pobres de cor, para a droga detenções relacionadas. Mas tem havido muito pouca análise sobre as razões e os mecanismos dessa guerra, e seu impacto econômico sobre o México e além.
Mesmo antes de uma retirada do Iraque ou no Afeganistão tem sido alcançado, os Estados Unidos tornou-se envolvido em uma série de intensificar os conflitos que ocorrem desde a fronteira norte do México através do Peru. Governos e grande mídia rotulá-la uma "guerra contra as drogas." É importante examinar como a expansão da "guerra contra as drogas" conecta-se à expansão do controle das corporações transnacionais sobre os mercados, recursos de trabalho e natural.
Em Honduras, quatro indígenas foram baleados e mortos em maio, quando as forças de Honduras abriram fogo a partir de um Estado dos EUA Departamento de helicóptero, tudo sob a supervisão de agentes uniformizados americanos. No México - sob a orientação dos Estados Unidos, Canadá, Israel e Colômbia - a polícia eo exército estão sendo transformadas.
Na Colômbia, a guerra já dura décadas e envolveu milhares de milhões de dólares norte-americanos, mas está sendo rebatizada como uma luta contra o crime. Através dos anos 1980, o Estado colombiano tornou-se cada vez mais paramilitares, um processo que "manifestou-se como ameaças, atentados e assassinatos seletivos ou massacres coletivos dos funcionários do governo (principalmente mas não exclusivamente a partir da esquerda), e de populares líderes políticos, trabalhadores, camponeses , professores, ativistas de direitos humanos e membros de organziations não-governamentais. "
A ajuda dos EUA para a Colômbia na forma de anti-narcóticos financiamento do programa resultou no fortalecimento de grupos de policiais paramilitares e não-oficiais, relatos de que patrulhavam juntamente com o Exército colombiano e envolvidos na grande maioria dos massacres e deslocamentos forçados no país.
"Dizer que a guerra contra as drogas fracassou é não entender alguma coisa", observou Noam Chomsky, em um discurso em maio deste ano. "Deve-se perguntar o que é que os planejadores tenham em mente dada a quantidade de evidências de que o que eles estão tentando conseguir não funciona. Quais são as intenções prováveis? "(1)
Comentários de Chomsky apontam para uma área de pesquisa urgente para os ativistas e jornalistas que desejam compreender as guerras de hoje de drogas. É cada vez mais claro que há mais trabalho a ser feito corretamente, a fim de juntar as razões para a militarização norte-americana nas Américas.
Repensar as guerras chamadas drogas exige - em parte - a avaliação como eles têm incentivado a expansão do investimento directo estrangeiro e indústrias extractivas na Colômbia, México e América Central.
Guerra, quando os choques não são o suficiente
"Isto é o que o início do neoliberalismo parecia", disse Raquel Gutiérrez, refletindo sobre o que é como tentar entender a guerra em curso no México. Agora, um professor da Universidade Autônoma de Puebla, Raquel era um militante clandestino na Bolívia, em meados dos anos 80, quando as primeiras políticas neoliberais entrou em vigor há, pauperizing da classe trabalhadora. Tem sido 10 anos desde que ela voltou para o México.
Raquel faz uma pausa e se arrasta um cigarro, como se estivesse tentando se lembrar de uma língua que ela está esquecida. Ele não vem. Então ela me pergunta se eu li o livro de Naomi Klein, The Shock Doctrine. Concordo com a cabeça. Silêncio. "A coisa é, no México, os choques não funcionou", diz ela.
Não é que havia uma escassez de choques. As políticas neoliberais foram introduzidos primeiramente na forma de programas de ajuste estrutural. Estes terminou um período de crescimento econômico estável, a industrialização por substituição de importações, e os preços elevados do petróleo conhecido como o Milagre do México.
"De 1980 a 1991, o México recebeu treze empréstimos de ajuste estrutural do Banco Mundial, mais do que qualquer outro país", escreveu Tom Barry em sua 1995 Revenge livro de Zapata. "Também assinou seis acordos com o FMI, os quais trouxeram um aumento da pressão para liberalizar o comércio e investimento." (2)
Na década de 1980, às vezes chamada de "década perdida", os preços do petróleo desabou junto com o peso. "De mais de mil empresas estatais em 1983, no estado mexicano de propriedade em torno de 200 até 1993. Em 1991, o programa mexicano trouxe mais dinheiro para os cofres do governo (EUA $ 9,4 bilhões) do que todas as vendas de empresas públicas na América Latina juntos. "(3) Até o final de 1994, o México tinha assinado para a América do Norte de Comércio Livre Acordo, testemunhou o levante zapatista, e por uma nova desvalorização da moeda principal.
Mas na virada do século 21, o território do México e da economia ainda não foram totalmente aberto aos investidores estrangeiros. "Independentemente das reformas, o desempenho da economia mexicana ao longo das últimas três décadas não tem sido satisfatório", diz um relatório divulgado no início deste ano pelo Banco Central do México (4).
Comunidades camponesas e indígenas continuou a exercer título comunal sobre as terras ricas em recursos. Uma classe média grande propriedade pequenas empresas e as famílias mais ricas do México manteve o controle sobre sectores lucrativos da economia. De acordo com os EUA Departamento de Estado, 10 famílias mais ricas do México "não são o único obstáculo para aumentar a concorrência na economia mexicana." A Pemex, a maior empresa de petróleo no mundo 17 por reseves petróleo, permaneceu nas mãos do Estado. (5)
Algo mais do que um choque econômico estava em ordem: uma estratégia abrangente e comprovado para aumentar o investimento directo estrangeiro. Ele tinha de garantir que a polícia local eo exército, e, eventualmente, todo o sistema legal, que operam de acordo com os padrões norte-americanos. Esta estratégia é coloquialmente conhecido como a guerra contra as drogas.
Desde a presidência de Nixon, o governo dos EUA despejou cerca de um trilhão de dólares (6) na "guerra contra as drogas" em países como a Colômbia eo Afeganistão. As ligações directas entre as políticas da guerra às drogas e clima de investimento melhorar são reveladas através de um exame cuidadoso de engajamento dos EUA na Colômbia a partir de 2000-2006. A estratégia tem sido aperfeiçoado e ampliado ao longo das duas últimas décadas através da experimentação, tanto internamente como internacionalmente.
Economia da Colômbia Modelo
O Plano Colômbia foi um de seis anos do programa de anti-narcóticos co-financiado pelos Estados Unidos e Colômbia. Non-U.S. Diplomatas afirmam que o primeiro esboço do Plano Colômbia foi escrito em Inglês e, mais tarde traduzido para o espanhol. (7)
Nos 11 anos desde o Plano Colômbia foi lançado, o governo dos EUA gastou mais de 3,6 bilhões dólares em drogas e iniciativas de aplicação da lei. No entanto, o governo dos EUA relata que "a Colômbia continua a ser um dos maiores produtores e exportadores mundiais de cocaína, bem como um país fonte para a heroína e maconha." (8)
Um dos EUA de 2008 Government Accountability Office relatório (GAO) sobre o Plano Colômbia considerou que o acordo não conseguiu cumprir suas metas de redução de produção de drogas, com o "fluxo estimado de cocaína para os Estados Unidos da América do Sul" passando de 2000-2006. (9 )
Em vez de um, causando uma mudança na estratégia, o fracasso do Plano Colômbia para reduzir o tráfico ea produção foi minimizada em favor de uma série emergente de métricas ligadas à segurança e melhoria do ambiente empresarial. Bradford Higgins, EUA Secretário Adjunto de Gestão de Recursos, argumentou, "De muitas maneiras, os programas de apoio dos EUA na Colômbia e evoluíram a partir de nosso foco original e mais estreita com uma estratégia abrangente, que agora podem servir de modelo para informar os esforços em desafiou outro ou não estados. "(10)
Esforços anteriores dos EUA para impor sanções relacionadas com o narcotráfico na Colômbia havia impactado negativamente os investimentos dos EUA. O Conselho de Americana Empresas - um consórcio de empresas norte-americanas na Colômbia - informou que em 1996 as empresas associadas perdeu US $ 875 milhões em vendas por causa das sanções (11) Nesse mesmo ano o Departamento de Estado informou que as sanções necessárias a Overseas Private Investment Corporation e. o Export-Import Bank para congelar cerca de US $ 1,5 bilhão em créditos de investimento e empréstimos. Isto incluiu uma perda de US $ 280 milhões para uma empresa dos EUA activa na indústria de petróleo da Colômbia (12).
De acordo com um relatório preparado pelo governo colombiano, os objectivos do Plano Colômbia são "promover condições para a geração de emprego e estabilidade social" e expandir "as preferências tarifárias para compensar os efeitos negativos do comércio de drogas e de favorecer um acordo de livre comércio que ampliar as oportunidades de emprego. "(13)
No início do Plano Colômbia, investimento directo estrangeiro total (IED) foi calculado em US $ 2,4 bilhões. (14) Em 2011, o IED na Colômbia ficou em US $ 14,4 bilhões, a taxa de crescimento mais rápido na América Latina. (15) Petróleo e gás compõem uma parcela cada vez mais importante do IED, passando de cerca de um décimo em meados dos anos 90 para quase um terço até 2010, quando atingiu US $ 4,3 bilhões. (16)
Um decreto aprovado em 2003, permitiu o investimento privado no sector da Colômbia petróleo ea privatização parcial da ex-estatal Ecopetrol (17). A partir de 2010 o IED no setor de mineração (inclusive mineração de carvão) situou-se em mais de US $ 2 bilhões, respondendo por mais de metade de todo o investimento não-petrolífero (18).
Em 2008, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) se vangloriou de que "decolagem econômica da Colômbia depois de 2003 não aconteceu por acaso." Cinqüenta e duas áreas de sistema econômico da Colômbia foram alvo de reforma, e ao abrigo do Plano Colômbia ", a USAID forneceu técnico assistência para o [Governo] para ajudá-lo a projetar e implementar políticas que vão desde a reforma fiscal para o fortalecimento do setor financeiro para melhorar o ambiente para as pequenas empresas, e muitos outros. "(19)
Isto foi conseguido através de uma combinação de reformas legais e incentivos fiscais, a assinatura de novos acordos de comércio livre entre a Colômbia e os Estados Unidos, bem como entre a Colômbia e Canadá) ea militarização da indústria extractiva. EUA treinados "batalhões de energia" condutas protegidas, estradas e outras infra-estruturas.
Um relatório de 2007 pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (20) afirmou que a Colômbia "fez uma forte recuperação ... com taxas impressionantes de crescimento, diminuição do desemprego, aumento dos níveis de investimento, o comércio se expandiu, baixa inflação e um aumento da confiança dos investidores. "Estes ganhos, eles relatam", estão intimamente ligados à melhoria da segurança e, por sua vez, ajudar a criar mais empregos na economia legítima como uma alternativa para atividades ilegais ".
Do ponto de vista de Estado dos EUA Departamento, o Plano Colômbia não é um fracasso. Muito pelo contrário: ela permitiu a criação de um novo modelo eficaz de intervenção dos EUA. Em 2010 maiores da Colômbia investidores estrangeiros foram o Panamá e Anguilla (território britânico ultramarino), ambos os paraísos fiscais, seguido pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda e Espanha (21).
A linguagem de uma "estratégia global", usado para jogar até o Plano Colômbia, espelha a língua oficial da guerra de contra-insurgência. "[Contra-Insurgência] é uma forma extremamente complexa de guerra .... Alcançar esses objetivos requer a sincronização dos esforços de muitas agências não militares e [Nação Anfitriã] em uma abordagem abrangente, "lê os EUA Militar Counterinsurgency Manual, lançado em 2006 (22).
Mesmo o diretor do GAO de assuntos internacionais e comércio, ao testemunhar perante a Câmara dos Deputados, afirmou que "os programas internacionais enfrentam desafios significativos da redução da oferta de drogas ilegais, mas amplo apoio dos EUA objetivos de política externa." (23)
Mas, como Gian Carlo Delgado-Ramos e Silvina María Romano notaram, a guerra às drogas "estratégia é complexa e perigosa, visto que atrela uma multiplicidade de atores aparentemente opostas legais e ilegais que, no entanto, recebem benefícios sob a forma de aumento de poder ou riqueza." Ao mesmo tempo, é claro que "a exploração do povo e do 'nações e se aprofunda na região recursos." (24)
Com este pano de fundo, vamos examinar os tópicos no México.
Aplicando o modelo no México
Numa sexta-feira em setembro de 2006, logo após a disputada eleição como presidente, Felipe Calderón e sua esposa convidou Antonio Garza, então embaixador dos EUA e sua esposa para jantar. Em algum ponto, Calderón disse ao embaixador que melhorar a segurança seria uma parte fundamental de sua administração.
Quando Garza apresentou o seu resumo escrito da noite para os seus chefes do Departamento de Estado, ele incluiu comentário Calderón. De acordo com as suas próprias notas, o embaixador respondeu: "Os ganhos em matéria de competitividade, educação e emprego poderiam ser rapidamente ofuscada por meio de narcóticos relacionada ao crime organizado." (25) Para dar início a economia do México ", os estrangeiros e mexicanos tanto tinha de estar certo de que o Estado de Direito iria prevalecer. "(26)
Apenas dois meses mais tarde, Calderón lançou a guerra contra as drogas no México. No ano seguinte, os governos dos EUA e do México anunciou a Iniciativa Mérida, descrito como "um pacote dos EUA contra as drogas e assistência anticrime para o México e América Central." (27) No momento em que foi assinada por George W. Bush em 2008, Garza estímulo sobre o combate à narcos, a fim de impulsionar o negócio foi esquecido. Em vez disso, a principal justificativa para os legisladores que aprovaram a lei era para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos (28).
Tanto o governo quanto os EUA e críticos concordam que a Iniciativa Mérida, no México e América Central é uma iteração refinado do Plano Colômbia. "Sabemos do trabalho que os Estados Unidos apoiou na Colômbia e agora no México que uma boa liderança, investimentos pró-ativos e parcerias comprometidas pode mudar a maré", Hillary Clinton palestras delegados para a Conferência Central de Segurança da América na Cidade da Guatemala no verão passado. (29)
Financiamento total dos EUA para a Iniciativa Mérida entre 2008 e 2010 foi de US $ 1,3 bilhões para o México, cujo governo corresponde aos fundos 13-1 (30). Mérida / América Central Regionais fundos Iniciativa de Segurança de fluxo para a América Central durante o mesmo período ficou em US $ 248 milhões, enquanto os Merida / Caribbean Basin Initiative fundos de segurança de US $ 42 milhões foram para o Haiti ea República Dominician (31).
"Estratégia global" de Mérida inclui fundos para treinamento da polícia e soldados para proteger a infra-estrutura crítica, militarização da polícia e equipar as forças de segurança locais com equipamentos dos EUA, transformando o sistema mexicano judicial a um sistema de ensaios ao estilo oral, a modernização da fronteira EUA-México e promover fortalecimento institucional e reforma econômica.
Um dos objetivos da USAID programa é que o "Governo do México torna-se mais eficaz no combate monopólios e eliminação das práticas anticoncorrenciais." (32) Eles se concentram na legislação relacionada com a banca, telecomunicações e regulação da energia. Outro objetivo importante é defender uma nova regulamentação e privatização adicional, a desregulamentação eo investimento directo estrangeiro nos setores de transporte, energia, financeiro e de telecomunicações (33).
Pemex - juntamente com a Comissão Federal de Eletricidade - é a jóia da coroa do esforço de privatização. Muitos mexicanos de destaque, incluindo Enrique Peña Nieto, o Partido Revolucionário Institucional candidato (PRI) e pioneira nas eleições presidenciais de 2012, têm defendido a sua privatização. Alguns, como o chefe da Bolsa Mexicana de Valores, propuseram utilizando como modelo o seu setor de petróleo da Colômbia reforma (34).
Em uma apresentação de Março de 2012, um Banco do México representante falou sobre a agenda de reformas pendentes para o banco central do país. Isto inclui a melhoria da facilidade com que as empresas podem fazer negócios no México, a remoção de obstáculos legais "," Prevenção da flexibilidade laboral, "Fortalecimento do Estado de Direito", e consolidar as políticas macroeconômicas (35).
Em 2008, antes da crise financeira se espalhou para o México, o IED chegou a 23,2 bilhões dólares, mas caiu no ano seguinte para US $ 11,4 bilhões. (36) No entanto IED se recuperou e em 2011 foi de 19,43 bilhões dólares, principalmente no setor industrial (44,1%), seguido por serviços financeiros (18%) e mineração (8%). (37) anúncios recentes indicam que haverá uma onda de novos investimentos em auto e fabricação aeroespacial na região central do México.
Finanças do México Ministro Bruno Ferrari disse Bloomberg em uma entrevista Inglês em agosto de 2011 que "Hoje o que estamos vendo é que nós estamos tendo uma grande luta contra o crime, para que, como eu disse, [ela] garante os investimentos futuros e os investimentos que estamos tendo agora porque o que estamos vendo é que o México está lutando para prevalecer contra o crime. "(38)
Declaração da Ferrari é apoiada pelas experiências da elite empresarial transnacional. De acordo com um 2009 reportagem de capa da Business Week (39), ataca a pessoal estrangeiro e as fábricas têm sido raros em Juárez e outras cidades fronteiriças ao longo de rotas de tráfico de drogas, incluindo Reynosa, Nuevo Laredo e Tijuana.
A polícia está já implantado com instruções especiais para cuidar de corporações transnacionais. Após o seqüestro de um executivo, a polícia sugeriu gestores alterar suas rotinas de trabalho, deixe Juárez ao pôr do sol, e ficar com duas estradas principais. As patrulhas foram reforçadas ao longo dessas estradas ", criando corredores relativamente seguras entre a fronteira e dos parques industriais." (40)
Ainda mais importante é um outro tipo de segurança corporações transnacionais precisam. Como o diretor da Comissão Econômica para América Latina e do Caribe ressaltou: "O que é importante para um investidor em relação à segurança tem a ver com a segurança jurídica e risco-país." (41)
Esta noção de "segurança" chama o modelo de Colômbia: paramilitarização a serviço do capital. Este modelo inclui a formação de esquadrões da morte paramilitares, o desalojamento de populações civis, e um aumento na violência. No setor comercial, que são os trabalhadores, pequenas empresas e um setor das elites locais, que são mais atingidas por políticas de combate às drogas.
Embora estes aspectos não-oficiais da guerra contra as drogas são algumas vezes apresentados como danificar ou ameaçar o investimento estrangeiro direto, na verdade, é a violência que controla os trabalhadores e desloca terrestres comunidades dos territórios de interesse para expansão das corporações transnacionais.
Inferior do modelo colombiano
Por gerações, comunidades indígenas e camponeses na Colômbia havia defendido seu título coletivo de suas terras, ainda grupos paramilitares efetivamente obrigou-os a fugir. Este fenômeno é concisamente descrito por David Maher e Andrew Thompson:
"... Forças paramilitares continuam a avançar um processo de acumulação de capital através do deslocamento forçado de comunidades em áreas de importância econômica. Grande parte de cidadãos da Colômbia continuam a abandonar suas terras à medida que são deslocadas à força de suas casas, satisfazendo o apetite voraz de estrangeiro ( principalmente EUA), corporações multinacionais) para território colombiano como o programa econômico neoliberal está mais estabelecida na sociedade colombiana. "(42)
Em 2001, os paramilitares foram responsáveis por metade de todos os deslocamentos forçados na Colômbia. Os grupos guerrilheiros causou 20% dos casos, com paramilitares e guerrilheiros conjunta para um outro 22% (43). "Os grupos paramilitares não só suportar a maior parte da responsabilidade, eles também são mais eficazes em instigar o deslocamento." (44)
Na Colômbia, paramilitarização também é benéfico para as empresas transnacionais que pretendem dissuadir a organização do trabalho:
"Como parte da campanha apoiada pelos EUA prolongada contra-insurgência, paramilitares de estado sistematicamente a violência continua a atingir grupos civis, tais como organizações sindicais, que são considerados uma ameaça à política e econômica" estabilidade "propício para o desenvolvimento neo-liberal de Colômbia. Isso fez com que a Colômbia muito atraente para o investimento estrangeiro como más condições de trabalho e baixos salários manter pro? margens t alta. "(45)
Bem documentados casos de Chiquita Brands, mineração Drummond corporação, e BP, a gigante do petróleo, traçaram as ligações entre grupos paramilitares e norte-americanos e corporações transnacionais. (46) Em março de 2007, representantes da Chiquita Brands declarou-se culpado em Washington, DC tribunal para fazer pagamentos a Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) paramilitares (47).
"Chiquita fez mais de 100 pagamentos ao AUC no valor de mais de US $ 1,7 milhões," de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. "Chiquita Brands paga dinheiro de sangue para os terroristas como Carlos Castaño para proteger seus interesses financeiros", de acordo com o escritório de advocacia que representa as vítimas.
A Experiência (So Far)
Conluio direto entre EUA e as corporações transnacionais e grupos paramilitares geralmente é difícil de provar - e emerge quando a evidência não é provável de ser descoberto rapidamente.
Mas já sabemos que um grupo de empresas do Texas são acusados de conluio com os Zetas ilegalmente importar combustível roubado. (48) (Os Zetas foram o braço armado do Cartel do Golfo, que atua no nordeste do México. Os dois grupos divididos em 2010, e desde então os Zetas têm essencialmente tornar-se um grupo narco-paramilitar, embora eles são muitas vezes referidas nos meios de comunicação como um cartel de drogas.)
"Os Zetas são uma força paramilitar", o Dr. William Robinson, autor de A Teoria do Capitalismo Global, me disse quando eu o entrevistei no ano passado: "Basicamente, é a criação de paramilitarismo ao lado de militarização formal, que é um modelo colombiano."
Os Zetas são ativos em várias partes do México, sobretudo Tamaulipas, Nuevo León e Veracruz, e eles também são acusados de massacres no estado de Jalisco e Petén, na Guatemala. Embora eles não são o único grupo paramilitar no México, eles são o grupo que recebe de longe a maior atenção da mídia.
"Precisamos ter em mente que Santos presidente colombiano, como [o presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quer ampliar o Plano Colômbia, o que não significa apenas reforçar a luta contra o narcotráfico, mas na verdade significa convertê-lo em uma forma de paramilitarismo na Para gerar um novo tipo de contra-insurgência, e não contra os movimentos sociais, mas contra as comunidades indígenas ", disse Maximo Ba Tiul, analista Poqomchi maia e professor com base na Guatemala.
Enquanto há uma hesitação por parte de jornalistas para ligar sua cobertura da "guerra contra as drogas" com as lutas em torno de recursos naturais, há uma crescente lista de lugares onde esse tema - e as lições da guerra dos EUA na Colômbia - pode ser ainda mais explorada.
• Os moradores de Ciudad Mier, uma pequena comunidade em Tamaulipas, deixou em massa por causa da violência paramilitar. A cidade fica em cima do campo do México o maior gás, assim como grande parte do Estado-violência montado.
• No Vale Juárez, considerado o lugar mais perigoso no México, mortes e ameaças obrigaram muitos a deixar, assim como uma nova fronteira de passagem entre os EUA eo México está sendo construído.
• Em Santa Maria Ostula, uma pequena comunidade indígena Nahuatl no litoral do México, pelo menos 28 pessoas foram mortas (e outros quatro desapareceram) pela violência paramilitar e estadual desde 2009. Seu território está em uma área rica em minerais e estrategicamente localizado.
• Na Serra serra Madre, no norte do México, as empresas de mineração canadenses operam em áreas onde até mesmo funcionários do governo temem entrar por causa da presença de narcotraficantes armados.
• Em Petén, Guatemala, funcionários do governo militarizou a região e declarou estado de emergência por causa da presença de Zetas que duraram oito meses, terminando no início de 2012. Os recentes anúncios indicam que uma arremetida óleo novo está acontecendo na mesma região.
Paramilitarização também podem afetar os capitalistas locais, regionais e mesmo nacionais ligadas à economia doméstica, forçando-os a fechar suas lojas e empresas. Este, por sua vez, abre espaço para as corporações transnacionais e investidores para ter acesso a setores da economia anteriormente dominado por capitalistas locais.
"As empresas que são mais afetados pela violência são os mais pequenos e aqueles que estão localizados nos estados do norte do México", escreve Guadalupe Correa Cabrera, professor da Universidade do Texas em Brownsville. "A falta de segurança prejudica os produtores de pequeno e médio porte, empresas e fornecedores para um maior grau, devido ao fato de que o crime organizado tem" uma maior facilidade de penetração com eles do que com os diretores de grandes empresas, que, em muitos casos, operamos de fora do país. '"(49)
De acordo com Coparmex, um mexicano associação empresarial, 160.000 negócios fechados por causa da insegurança em 2011. (50) "Há uma reconversão da economia em curso a nível nacional que está favorecendo [grandes empresas], e ele está fazendo mais [mexicanos ] em empregados em vez de empresários ", disse Correa Cabrera durante uma apresentação em Baja California Sur, em fevereiro.
Precedentes na Colômbia e eventos em curso em outros lugares sugerem possíveis áreas para aprofundar a pesquisa, a fim de melhor verificar em que medida o México ea América Central estão sendo submetidos a um modelo no qual, como David Thomson e Andrew Maher relatório, paramilitar terror "... continua a ser um instrumento de a criação e manutenção de condições, tais como baixos custos laborais e de acesso à terra, que são favoráveis à expansão do programa neo-liberal ... "(51)
Maior estudo e pesquisa das novas políticas econômicas incentivadas através da política dos EUA anti-narcóticos podem ajudar a revelar toda a extensão da transformação económica que foi iniciado no México e América Central.
Próximas eleições no México prometer nenhum alívio do horror e da violência da guerra, que provavelmente irá continuar por pelo menos mais seis anos. "Todos os presidenciáveis propõem a continuar ou intensificar a guerra contra os bandidos", diz um artigo recente no The Economist (52).
Sem uma melhor compreensão, as discussões sobre a guerra no México poderiam permanecer contidas dentro da retórica da proibição das drogas contra a liberalização. Este tipo de debate é totalmente imprecisa como um meio de denunciar e mobilizar a resistência a uma "guerra contra as drogas", que pode ser melhor entendida como sendo cerca de aumento do controle social e territorial sobre as terras e pessoas, no interesse da expansão capitalista.
IN BOTH THE United States and Canada there have been sustained grassroots efforts to spotlight the unjust mass incarceration and criminalization of poor people, and especially poor people of color, for drug-related arrests. But there has been too little analysis about the reasons behind and mechanisms of this war, and its economic impact on Mexico and beyond.
Even before a withdrawal from Iraq or Afghanistan has been achieved, the United States has become involved in a series of intensifying conflicts taking place from Mexico’s north border through Peru. Governments and mainstream media label it a “war on drugs.” It is important to examine how the expanding “war on drugs” connects to the expansion of transnational corporate control over markets, labor and natural resources.
In Honduras, four Indigenous people were shot and killed in May, when Honduran forces opened fire from a U.S. State Department helicopter, all under the supervision of uniformed U.S. agents. In Mexico — under the guidance of the United States, Canada, Israel and Colombia — the police and army are being transformed.
In Colombia, the war has gone on for decades and involved billions of U.S. dollars, but is being rebranded as a fight against crime. Through the 1980s, the Colombian state became increasingly paramilitarized, a process which “manifested itself as threats, bombings, and selective assassinations or collective massacres of government officials (principally but not exclusively from the left), and of popular political leaders, workers, peasants, professors, human rights activists, and members of nongovernmental organziations.”
U.S. assistance to Colombia in the form of anti-narcotics program funding resulted in the strengthening of paramilitary and unofficial police groups, reported to have patrolled alongside the Colombian Army and involved in the vast majority of massacres and forced displacements in the country.
“Saying that the drug war has failed is to not understand something,” remarked Noam Chomsky in a speech this May. “One must ask oneself what is it that the planners have in mind given the amount of evidence that what they are trying to achieve doesn’t work. What are the probable intentions?”(1)
Chomsky’s comments point to an urgent area of research for activists and journalists wishing to understand today’s drug wars. It is increasingly clear that there is more work to be done in order to properly piece together the reasons for U.S.-led militarization in the Americas.
Reconsidering the so-called drug wars requires — in part — evaluating how they have encouraged the expansion of foreign direct investment and extractive industries in Colombia, Mexico and Central America.
War, When Shocks Aren’t Enough
“This is what the beginning of neoliberalism felt like,” said Raquel Gutiérrez, reflecting on what it is like to try and understand the ongoing war in Mexico. Now a professor at the Autonomous University of Puebla, Raquel was an underground militant in Bolivia in the mid-’80s when the first neoliberal policies took effect there, pauperizing the working class. It’s been 10 years since she’s returned to Mexico.Raquel pauses and drags on a cigarette, as if trying to remember a language she’s forgotten. It doesn’t come. Then she asks me if I’ve read Naomi Klein’s book The Shock Doctrine. I nod. Silence. “The thing is, in Mexico, the shocks didn’t work,” she says.
It’s not that there was a shortage of shocks. Neoliberal economic policies were first introduced in the form of structural adjustment programs. These ended a period of steady economic growth, import substitution industrialization, and high oil prices known as the Mexican Miracle.
“From 1980 to 1991, Mexico received thirteen structural adjustment loans from the World Bank, more than any other country,” wrote Tom Barry in his 1995 book Zapata’s Revenge. “It also signed six agreements with the IMF, all of which brought increased pressure to liberalize trade and investment.”(2)
In the 1980s, sometimes called the “lost decade,” oil prices collapsed along with the peso. “From over a thousand state enterprises in 1983, the Mexican state owned around two hundred by 1993. In 1991, the Mexican program brought in more money to government coffers (US$9.4 billion) than all other sales of public companies in Latin America combined.”(3) By the end of 1994, Mexico had signed on to the North America Free Trade Agreement, witnessed the Zapatista uprising, and undergone another major currency devaluation.
But by the turn of the 21st century, Mexico’s territory and economy still weren’t fully open to foreign investors. “Regardless of the reforms, the performance of the Mexican economy over the last three decades has not been satisfactory,” read a report released earlier this year by the Mexican Central Bank.(4)
Peasant and Indigenous communities continued to exercise communal title over lands rich in resources. A large middle class owned small businesses, and the richest Mexican families kept control over lucrative sectors of the economy. According to the U.S. State department, Mexico’s 10 richest families “are not the only obstacle to improving competition in the Mexican economy.” Pemex, the 17th largest oil company in the world by oil reseves, remained in state hands.(5)
Something more than an economic shock was in order: a comprehensive strategy proven to increase foreign direct investment. It had to ensure that the local police and army, and eventually the entire legal system, would operate according to U.S. standards. This strategy is colloquially known as the war on drugs.
Since the Nixon presidency, the U.S. government has poured almost a trillion dollars(6) into the “war on drugs” in countries such as Colombia and Afghanistan. Direct links between drug war policies and improving investment climate are revealed through careful examination of U.S. engagement in Colombia from 2000-2006. The strategy has been refined and expanded over the past two decades through experimentation both domestically and internationally.
Economics of the Colombia Model
Plan Colombia was a six-year anti-narcotics program jointly funded by the United States and Colombia. Non-U.S. diplomats claim that the first draft of Plan Colombia was written in English, and later translated to Spanish.(7)In the 11 years since Plan Colombia was launched, the U.S. government has spent over $3.6 billion on narcotics and law enforcement initiatives. Yet the U.S. government reports that “Colombia remains one of the world’s largest producers and exporters of cocaine, as well as a source country for heroin and marijuana.”(8)
A 2008 U.S. Government Accountability Office (GAO) report on Plan Colombia found that the agreement failed to meet its targets for reducing drug production, with the “estimated flow of cocaine towards the United States from South America” rising from 2000-2006.(9)
Instead of a causing a change in strategy, Plan Colombia’s failure to reduce drug trafficking and production was minimized in favor of an emerging series of metrics linked to security and improving the business environment. Bradford Higgins, U.S. Assistant Secretary for Resource Management, argued, “In many ways, Colombian programs and U.S. support have evolved from our original, more narrow focus into a comprehensive strategy that can now serve as a model to inform efforts in other challenged or failing states.”(10)
Previous U.S. efforts to enforce narcotics-related sanctions on Colombia had negatively impacted U.S. investments. The Council of American Enterprises — an American business consortium in Colombia — reported that in 1996 its member companies lost $875 million in sales because of the sanctions.(11) That same year the State Department reported that the sanctions required the Overseas Private Investment Corporation and the Export-Import Bank to freeze about $1.5 billion in investment credits and loans. This included a $280 million loss to a U.S. company active in Colombia’s oil industry.(12)
According to a report prepared by the Colombian government, the objectives of Plan Colombia are “promoting conditions for employment generation and social stability” and expanding “tariff preferences in compensation for the negative effects of the drug trade and to favor a Free Trade Agreement that will broaden employment opportunities.”(13)
At the outset of Plan Colombia, total Foreign Direct Investment (FDI) was calculated at $2.4 billion.(14) By 2011, Colombia’s FDI stood at $14.4 billion, the fastest growth rate in Latin America.(15) Oil and gas make up an increasingly important portion of FDI, increasing from around one tenth in the mid ‘90s to almost one third by 2010, when it reached $4.3 billion.(16)
A decree passed in 2003 allowed for private investment in Colombia’s oil sector and the partial privatization of formerly state-owned Ecopetrol.(17) As of 2010 FDI in the mining sector (including coal mining) stood at over $2 billion, accounting for more than half of all non-petroleum investment.(18)
In 2008, the United States Agency for International Development (USAID) boasted that “Colombia’s economic takeoff after 2003 did not happen by chance.” Fifty-two areas of Colombia’s economic system were targeted for reform, and under Plan Colombia, “USAID provided technical assistance to the [Government] to help it design and implement policies ranging from fiscal reform to financial sector strengthening to improving the environment for small businesses, and many others.”(19)
This was accomplished through a combination of legal reforms and tax breaks, the signing of new Free Trade Agreements (between Colombia and the United States as well as between Colombia and Canada) and the militarization of the extractive industry. U.S. trained “energy battalions” protected pipelines, roads and other infrastructure.
A 2007 report by the Centre for Strategic and International Studies(20) claimed that Colombia “made a strong recovery…with impressive rates of growth, reduced unemployment, increased levels of investment, expanded trade, lower inflation, and a surge in investor confidence.” These gains, they report, “are closely linked to improved security and, in turn, help create more jobs in the legitimate economy as an alternative to illegal pursuits.”
From the perspective of the U.S. State Department, Plan Colombia is not a failure. Quite the contrary: it has allowed for the creation of an effective new model for U.S. intervention. By 2010 Colombia’s largest foreign investors were Panama and Anguilla (a British Overseas Territory), both tax havens, followed by the United States, England, Canada, Bermuda and Spain.(21)
The language of a “comprehensive strategy,” used to play up Plan Colombia, mirrors the official language of counterinsurgency warfare. “[Counterinsurgency] is an extremely complex form of warfare…. Achieving these aims requires synchronizing the efforts of many nonmilitary and [Host Nation] agencies in a comprehensive approach,” reads the U.S. Military Counterinsurgency Manual, released in 2006.(22)
Even the GAO’s director of international affairs and trade, in testifying before the House of Representatives, stated that “international programs face significant challenges reducing the supply of illegal drugs but support broad US foreign policy objectives.”(23)
But as Gian Carlo Delgado-Ramos and Silvina María Romano have noted, the drug war “strategy is complex and dangerous, since it links a multiplicity of apparently opposed legal and illegal actors who nevertheless receive benefits in the form of increased power or wealth.” At the same time it is clear that “the exploitation of the people and of the nations’ and the region’s resources deepens.”(24)
With this background, let us examine the threads in Mexico.
Applying the Model in Mexico
One Friday in September 2006, just after his disputed election as President, Felipe Calderón and his wife invited Antonio Garza, then U.S. Ambassador and his wife over for dinner. At some point, Calderón told the ambassador that improving security would be a key part of his administration.When Garza submitted his written recap of the evening to his State Department bosses, he included Calderón’s comment. According to his own notes, the Ambassador replied “Gains on competitiveness, education and employment could be quickly overshadowed by narcotics-related organized crime.”(25) To jump-start Mexico’s economy, “foreigners and Mexicans alike had to be reassured that the rule of law would prevail.”(26)
Barely two months later, Calderón launched the war on drugs in Mexico. The following year, the U.S. and Mexican governments announced the Mérida Initiative, described as “a package of U.S. counterdrug and anticrime assistance for Mexico and Central America.”(27) By the time it was signed by George W. Bush in 2008, Garza’s prodding about cracking down on narcos in order to boost business was forgotten. Instead, the primary justification for lawmakers endorsing the bill was to stem the flow of drugs to the United States.(28)
Both the U.S. government and critics agree that the Mérida Initiative in Mexico and Central America is a refined iteration of Plan Colombia. “We know from the work that the United States has supported in Colombia and now in Mexico that good leadership, proactive investments, and committed partnerships can turn the tide,” Hillary Clinton lectured delegates to the Central America Security Conference in Guatemala City last summer.(29)
Total U.S. funding for the Mérida Initiative between 2008 and 2010 was $1.3 billion for Mexico, whose government matched the funds 13 to 1.(30) Mérida/Central America Regional Security Initiative funds flowing to Central America during the same period stood at $248 million, while the Merida/Caribbean Basin Security Initiative funds of $42 million went to Haiti and the Dominician Republic.(31)
Merida’s “comprehensive strategy” includes funds for training police and soldiers to protect critical infrastructure, militarizing police and outfitting local security forces with U.S. equipment, transforming the Mexican judicial system to a U.S.-style oral trials system, modernizing the U.S.-Mexico border and promoting institutional building and economic reform.
One of USAID’s program goals is that the “Government of Mexico becomes more effective in curbing monopolies and eliminating anticompetitive practices.”(32) They focus on legislation related to telecommunications, banking and energy regulation. Another important objective is to advocate a new regulatory regime and additional privatization, deregulation, and foreign direct investment in the transportation, financial, energy and telecommunications sectors.(33)
Pemex — along with the Federal Electricity Commission — is the crown jewel of the privatization effort. Many prominent Mexicans, including Enrique Peña Nieto, the Institutional Revolutionary Party (PRI) candidate and frontrunner in the 2012 presidential elections, have advocated its privatization. Some, like the head of the Mexican Stock Exchange, have proposed using as their model Colombia’s oil sector reform.(34)
In a March 2012 presentation, a Bank of Mexico representative talked about the pending reform agenda for the country’s central bank. This includes improving the ease with which companies can do business in Mexico, removing “legal obstacles,” preventing labor flexibility, “strengthening the rule of law,” and consolidating macroeconomic policies.(35)
In 2008, before the financial crisis spread to Mexico, FDI reached $23.2 billion but fell the following year to $11.4 billion.(36) However FDI has rebounded and by 2011 stood at $19.43 billion, primarily in the manufacturing sector (44.1%) followed by financial services (18%) and mining (8%).(37) Recent announcements indicate that there will be a surge of new investment in auto and aerospace manufacturing in central Mexico.
Mexico’s Finance Minister Bruno Ferrari told Bloomberg in an English interview in August 2011 that “Nowadays what we are seeing is that we are having a big fight against crime so that, as I said, [it] guarantees the future investments and the investments we are having right now because what we are seeing is that Mexico is fighting to prevail against crime.”(38)
Ferrari’s statement is backed up by the experiences of the transnational business elite. According to a 2009 Business Week cover story,(39) attacks on foreign staff and factories have been rare in Juárez and other border towns along drug-trafficking routes, including Reynosa, Nuevo Laredo, and Tijuana.
Police are already deployed with special instructions to care for transnational corporations. Following the kidnapping of a corporate executive, the police suggested managers alter their work routines, leave Juárez by sundown, and stick to two key roads. Patrols were beefed up along these roads, “creating relatively safe corridors between the border and the industrial parks.”(40)
Even more important is another kind of security transnational corporations need. As the director of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean underscored, “What is important for an investor in regards to security has to do with legal security and country risk.”(41)
This notion of “security” calls up the Colombia model: paramilitarization in the service of capital. This model includes the formation of paramilitary death squads, the displacement of civilian populations, and an increase in violence. In the commercial sector, it is workers, small businesses and a sector of the local elite who are hit hardest by drug war policies.
Though these non-official aspects of the war on drugs are sometimes presented as damaging or threatening foreign direct investment, in fact it is violence that controls workers and displaces land-based communities from territories of interest to transnational corporate expansion.
Underside of the Colombian Model
For generations, Indigenous and peasant communities in Colombia had defended their collective title to their lands, yet paramilitary groups effectively forced them to flee. This phenomenon is concisely described by David Maher and Andrew Thompson:"…paramilitary forces continue to advance a process of capital accumulation through the forced displacement of communities in areas of economic importance. Large sections of Colombia’s citizenry continue to abandon their lands as they are forcibly displaced from their homes, satisfying the voracious appetite of foreign (mainly U.S.) multinational corporations (MNCs) for Colombian territory as the neo-liberal economic programme is further entrenched in Colombian society."(42)
In 2001, paramilitaries were responsible for half of all forced displacements in Colombia. Guerrilla groups caused 20% of the cases, with paramilitaries and guerrillas together for another 22%.(43) “Paramilitary groups not only bear the bulk of the responsibility, they are also more effective in instigating displacement.”(44)
In Colombia, paramilitarization is also beneficial to transnational corporations wishing to dissuade labor organizing:
"As part of the protracted U.S.-supported counterinsurgency campaign, paramilitary–state violence continues to systematically target civil groups, such as trade union organisations, which are considered a threat to the political and economic 'stability' conducive to the neo-liberal development of Colombia. This has made Colombia very attractive to foreign investment as poor working conditions and low wages keep pro?t margins high."(45)
Well-documented cases of Chiquita Brands, Drummond mining corporation, and BP, the oil giant, have traced the links between paramilitary groups and U.S. and transnational corporations.(46) In March of 2007, representatives of Chiquita Brands pled guilty in a Washington, D.C. court to making payments to the Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) paramilitaries.(47)
“Chiquita made over 100 payments to the AUC amounting to over $1.7 million,” according to the U.S. Department of Justice. “Chiquita Brands paid blood money to terrorists like Carlos Castaño to protect its financial interests,” according to the law firm representing the victims.
The Experience (So Far)
Direct collusion between U.S. and transnational corporations and paramilitaries is generally difficult to prove — and when evidence emerges it is not likely to be discovered quickly.But already we know that a group of Texas companies are accused of colluding with the Zetas to illegally import stolen fuel.(48) (The Zetas were the armed wing of the Gulf Cartel, which is active in northeast Mexico. The two groups split in 2010, and since then the Zetas have essentially become a narco-paramilitary group, though they are often referred to in the media as a drug cartel.)
“The Zetas are a paramilitary force,” Dr. William Robinson, author of A Theory of Global Capitalism, told me when I interviewed him last summer: “Basically it’s the creation of paramilitarism alongside formal militarization, which is a Colombian model.”
The Zetas are active in various parts of Mexico, particularly Tamaulipas, Nuevo Leon and Veracruz, and they are also blamed for massacres in the state of Jalisco and Petén, Guatemala. Although they are not the only paramilitary group in Mexico, they are the group that receives by far the most media attention.
“We need to keep in mind that Colombian President Santos, like [Guatemalan President Otto] Pérez Molina, wants to expand Plan Colombia, which doesn’t just mean strengthening the fight against narcotrafficking, but actually means converting it into a form of paramilitarism in order to generate a new kind of counterinsurgency, not against social movements, but against indigenous communities,” said Maximo Ba Tiul, a Mayan Poqomchi analyst and professor based in Guatemala.
While there is a hesitation on the part of journalists to link their coverage of the “drug war” with struggles around natural resources, there is a growing list of places where this theme — and the lessons from the U.S. war in Colombia — can be further explored.
• Residents of Ciudad Mier, a small community in Tamaulipas, left en masse because of paramilitary violence. The town sits on top of Mexico’s largest gas field, as does a large portion of the violence-ridden state.
• In the Juárez Valley, considered the most dangerous place in Mexico, killings and threats have forced many to leave, just as a new border crossing between the U.S. and Mexico is being constructed.
• In Santa Maria Ostula, a small Indigenous Nahuatl community in coastal Mexico, at least 28 people have been killed (and four others disappeared) by paramilitary and state violence since 2009. Their territory is in a mineral rich and strategically located area.
• In the Sierra Madre mountain range in northern Mexico, Canadian mining companies operate in areas where even government officials fear to enter because of the presence of armed narcotraffickers.
• In Petén, Guatemala, government officials militarized the area and declared a state of emergency because of the presence of Zetas that lasted eight months, ending in early 2012. Recent announcements indicate that a new oil rush is taking place in the same region.
Paramilitarization can also impact local, regional and even national capitalists connected to the domestic economy, forcing them to close their shops and businesses. This, in turn, opens up space for transnational corporations and investors to gain access to sectors of the economy previously dominated by local capitalists.
“The businesses that are most affected by the violence are the smallest and those that are located in the states of northern Mexico,” writes Guadalupe Correa Cabrera, a professor at the University of Texas in Brownsville. “The lack of security hurts small and medium producers, businesses and vendors to a larger degree, due to the fact that organized crime has ‘a higher ease of penetration with them than with the directors of large companies, which, in many cases, operate from outside the country.’”(49)
According to COPARMEX, a Mexican business association, 160,000 businesses closed because of insecurity during 2011.(50) “There is a reconversion of the economy taking place at the national level that is favoring [large companies], and it is making more [Mexicans] into employees instead of entrepreneurs,” said Correa Cabrera during a presentation in Baja California Sur in February.
Precedents in Colombia and ongoing events elsewhere suggest possible areas for deepening the research in order to better ascertain to what extent Mexico and Central America are being subjected to a model whereby as David Maher and Andrew Thomson report, paramilitary terror “…continues to be instrumental in the creation and maintenance of conditions, such as low labour costs and access to land, which are conducive to the expansion of the neo-liberal programme...”(51)
Increased study and research of the new economic policies encouraged through U.S. anti-narcotics policy could help reveal the full extent of the economic transformation that has been initiated in Mexico and Central America.
Upcoming elections in Mexico promise no relief from the horror and violence of the war, which will most likely carry on for at least another six years. “All the presidential hopefuls propose to continue or intensify the war against the gangsters,” reads a recent piece in The Economist.(52)
Without a better understanding, discussions about the war in Mexico could remain contained within the rhetoric of drug prohibition versus liberalization. This kind of debate is wholly inaccurate as a means of denouncing and mobilizing resistance to a “war on drugs” that may be better understood as being about increased social and territorial control over lands and people, in the interest of capitalist expansion.
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Por Dawn Paley
Sondas alvorecer Paley abaixo da superfície da guerra às drogas na Colômbia e no México. Ela explora os mecanismos empregados, relatórios sobre a devastação econômica e humana, analisa as possíveis razões para continuar a guerra e sugere novas áreas de investigação. PDF de uma edição estendida para a web.
Tanto nos Estados Unidos e Canadá não ter sofrido esforços de base para destacar o injusto encarceramento em massa e criminalização dos pobres, e especialmente as pessoas pobres de cor, para a droga detenções relacionadas. Mas tem havido muito pouca análise sobre as razões e os mecanismos dessa guerra, e seu impacto econômico sobre o México e além.
Mesmo antes de uma retirada do Iraque ou no Afeganistão tem sido alcançado, os Estados Unidos tornou-se envolvido em uma série de intensificar os conflitos que ocorrem desde a fronteira norte do México através do Peru. Governos e grande mídia rotulá-la uma "guerra contra as drogas." É importante examinar como a expansão da "guerra contra as drogas" conecta-se à expansão do controle das corporações transnacionais sobre os mercados, recursos de trabalho e natural.
Em Honduras, quatro indígenas foram baleados e mortos em maio, quando as forças de Honduras abriram fogo a partir de um Estado dos EUA Departamento de helicóptero, tudo sob a supervisão de agentes uniformizados americanos. No México - sob a orientação dos Estados Unidos, Canadá, Israel e Colômbia - a polícia eo exército estão sendo transformadas.
Na Colômbia, a guerra já dura décadas e envolveu milhares de milhões de dólares norte-americanos, mas está sendo rebatizada como uma luta contra o crime. Através dos anos 1980, o Estado colombiano tornou-se cada vez mais paramilitares, um processo que "manifestou-se como ameaças, atentados e assassinatos seletivos ou massacres coletivos dos funcionários do governo (principalmente mas não exclusivamente a partir da esquerda), e de populares líderes políticos, trabalhadores, camponeses , professores, ativistas de direitos humanos e membros de organziations não-governamentais. "
A ajuda dos EUA para a Colômbia na forma de anti-narcóticos financiamento do programa resultou no fortalecimento de grupos de policiais paramilitares e não-oficiais, relatos de que patrulhavam juntamente com o Exército colombiano e envolvidos na grande maioria dos massacres e deslocamentos forçados no país.
"Dizer que a guerra contra as drogas fracassou é não entender alguma coisa", observou Noam Chomsky, em um discurso em maio deste ano. "Deve-se perguntar o que é que os planejadores tenham em mente dada a quantidade de evidências de que o que eles estão tentando conseguir não funciona. Quais são as intenções prováveis? "(1)
Comentários de Chomsky apontam para uma área de pesquisa urgente para os ativistas e jornalistas que desejam compreender as guerras de hoje de drogas. É cada vez mais claro que há mais trabalho a ser feito corretamente, a fim de juntar as razões para a militarização norte-americana nas Américas.
Repensar as guerras chamadas drogas exige - em parte - a avaliação como eles têm incentivado a expansão do investimento directo estrangeiro e indústrias extractivas na Colômbia, México e América Central.
Guerra, quando os choques não são o suficiente
"Isto é o que o início do neoliberalismo parecia", disse Raquel Gutiérrez, refletindo sobre o que é como tentar entender a guerra em curso no México. Agora, um professor da Universidade Autônoma de Puebla, Raquel era um militante clandestino na Bolívia, em meados dos anos 80, quando as primeiras políticas neoliberais entrou em vigor há, pauperizing da classe trabalhadora. Tem sido 10 anos desde que ela voltou para o México.
Raquel faz uma pausa e se arrasta um cigarro, como se estivesse tentando se lembrar de uma língua que ela está esquecida. Ele não vem. Então ela me pergunta se eu li o livro de Naomi Klein, The Shock Doctrine. Concordo com a cabeça. Silêncio. "A coisa é, no México, os choques não funcionou", diz ela.
Não é que havia uma escassez de choques. As políticas neoliberais foram introduzidos primeiramente na forma de programas de ajuste estrutural. Estes terminou um período de crescimento econômico estável, a industrialização por substituição de importações, e os preços elevados do petróleo conhecido como o Milagre do México.
"De 1980 a 1991, o México recebeu treze empréstimos de ajuste estrutural do Banco Mundial, mais do que qualquer outro país", escreveu Tom Barry em sua 1995 Revenge livro de Zapata. "Também assinou seis acordos com o FMI, os quais trouxeram um aumento da pressão para liberalizar o comércio e investimento." (2)
Na década de 1980, às vezes chamada de "década perdida", os preços do petróleo desabou junto com o peso. "De mais de mil empresas estatais em 1983, no estado mexicano de propriedade em torno de 200 até 1993. Em 1991, o programa mexicano trouxe mais dinheiro para os cofres do governo (EUA $ 9,4 bilhões) do que todas as vendas de empresas públicas na América Latina juntos. "(3) Até o final de 1994, o México tinha assinado para a América do Norte de Comércio Livre Acordo, testemunhou o levante zapatista, e por uma nova desvalorização da moeda principal.
Mas na virada do século 21, o território do México e da economia ainda não foram totalmente aberto aos investidores estrangeiros. "Independentemente das reformas, o desempenho da economia mexicana ao longo das últimas três décadas não tem sido satisfatório", diz um relatório divulgado no início deste ano pelo Banco Central do México (4).
Comunidades camponesas e indígenas continuou a exercer título comunal sobre as terras ricas em recursos. Uma classe média grande propriedade pequenas empresas e as famílias mais ricas do México manteve o controle sobre sectores lucrativos da economia. De acordo com os EUA Departamento de Estado, 10 famílias mais ricas do México "não são o único obstáculo para aumentar a concorrência na economia mexicana." A Pemex, a maior empresa de petróleo no mundo 17 por reseves petróleo, permaneceu nas mãos do Estado. (5)
Algo mais do que um choque econômico estava em ordem: uma estratégia abrangente e comprovado para aumentar o investimento directo estrangeiro. Ele tinha de garantir que a polícia local eo exército, e, eventualmente, todo o sistema legal, que operam de acordo com os padrões norte-americanos. Esta estratégia é coloquialmente conhecido como a guerra contra as drogas.
Desde a presidência de Nixon, o governo dos EUA despejou cerca de um trilhão de dólares (6) na "guerra contra as drogas" em países como a Colômbia eo Afeganistão. As ligações directas entre as políticas da guerra às drogas e clima de investimento melhorar são reveladas através de um exame cuidadoso de engajamento dos EUA na Colômbia a partir de 2000-2006. A estratégia tem sido aperfeiçoado e ampliado ao longo das duas últimas décadas através da experimentação, tanto internamente como internacionalmente.
Economia da Colômbia Modelo
O Plano Colômbia foi um de seis anos do programa de anti-narcóticos co-financiado pelos Estados Unidos e Colômbia. Non-U.S. Diplomatas afirmam que o primeiro esboço do Plano Colômbia foi escrito em Inglês e, mais tarde traduzido para o espanhol. (7)
Nos 11 anos desde o Plano Colômbia foi lançado, o governo dos EUA gastou mais de 3,6 bilhões dólares em drogas e iniciativas de aplicação da lei. No entanto, o governo dos EUA relata que "a Colômbia continua a ser um dos maiores produtores e exportadores mundiais de cocaína, bem como um país fonte para a heroína e maconha." (8)
Um dos EUA de 2008 Government Accountability Office relatório (GAO) sobre o Plano Colômbia considerou que o acordo não conseguiu cumprir suas metas de redução de produção de drogas, com o "fluxo estimado de cocaína para os Estados Unidos da América do Sul" passando de 2000-2006. (9 )
Em vez de um, causando uma mudança na estratégia, o fracasso do Plano Colômbia para reduzir o tráfico ea produção foi minimizada em favor de uma série emergente de métricas ligadas à segurança e melhoria do ambiente empresarial. Bradford Higgins, EUA Secretário Adjunto de Gestão de Recursos, argumentou, "De muitas maneiras, os programas de apoio dos EUA na Colômbia e evoluíram a partir de nosso foco original e mais estreita com uma estratégia abrangente, que agora podem servir de modelo para informar os esforços em desafiou outro ou não estados. "(10)
Esforços anteriores dos EUA para impor sanções relacionadas com o narcotráfico na Colômbia havia impactado negativamente os investimentos dos EUA. O Conselho de Americana Empresas - um consórcio de empresas norte-americanas na Colômbia - informou que em 1996 as empresas associadas perdeu US $ 875 milhões em vendas por causa das sanções (11) Nesse mesmo ano o Departamento de Estado informou que as sanções necessárias a Overseas Private Investment Corporation e. o Export-Import Bank para congelar cerca de US $ 1,5 bilhão em créditos de investimento e empréstimos. Isto incluiu uma perda de US $ 280 milhões para uma empresa dos EUA activa na indústria de petróleo da Colômbia (12).
De acordo com um relatório preparado pelo governo colombiano, os objectivos do Plano Colômbia são "promover condições para a geração de emprego e estabilidade social" e expandir "as preferências tarifárias para compensar os efeitos negativos do comércio de drogas e de favorecer um acordo de livre comércio que ampliar as oportunidades de emprego. "(13)
No início do Plano Colômbia, investimento directo estrangeiro total (IED) foi calculado em US $ 2,4 bilhões. (14) Em 2011, o IED na Colômbia ficou em US $ 14,4 bilhões, a taxa de crescimento mais rápido na América Latina. (15) Petróleo e gás compõem uma parcela cada vez mais importante do IED, passando de cerca de um décimo em meados dos anos 90 para quase um terço até 2010, quando atingiu US $ 4,3 bilhões. (16)
Um decreto aprovado em 2003, permitiu o investimento privado no sector da Colômbia petróleo ea privatização parcial da ex-estatal Ecopetrol (17). A partir de 2010 o IED no setor de mineração (inclusive mineração de carvão) situou-se em mais de US $ 2 bilhões, respondendo por mais de metade de todo o investimento não-petrolífero (18).
Em 2008, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) se vangloriou de que "decolagem econômica da Colômbia depois de 2003 não aconteceu por acaso." Cinqüenta e duas áreas de sistema econômico da Colômbia foram alvo de reforma, e ao abrigo do Plano Colômbia ", a USAID forneceu técnico assistência para o [Governo] para ajudá-lo a projetar e implementar políticas que vão desde a reforma fiscal para o fortalecimento do setor financeiro para melhorar o ambiente para as pequenas empresas, e muitos outros. "(19)
Isto foi conseguido através de uma combinação de reformas legais e incentivos fiscais, a assinatura de novos acordos de comércio livre entre a Colômbia e os Estados Unidos, bem como entre a Colômbia e Canadá) ea militarização da indústria extractiva. EUA treinados "batalhões de energia" condutas protegidas, estradas e outras infra-estruturas.
Um relatório de 2007 pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (20) afirmou que a Colômbia "fez uma forte recuperação ... com taxas impressionantes de crescimento, diminuição do desemprego, aumento dos níveis de investimento, o comércio se expandiu, baixa inflação e um aumento da confiança dos investidores. "Estes ganhos, eles relatam", estão intimamente ligados à melhoria da segurança e, por sua vez, ajudar a criar mais empregos na economia legítima como uma alternativa para atividades ilegais ".
Do ponto de vista de Estado dos EUA Departamento, o Plano Colômbia não é um fracasso. Muito pelo contrário: ela permitiu a criação de um novo modelo eficaz de intervenção dos EUA. Em 2010 maiores da Colômbia investidores estrangeiros foram o Panamá e Anguilla (território britânico ultramarino), ambos os paraísos fiscais, seguido pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda e Espanha (21).
A linguagem de uma "estratégia global", usado para jogar até o Plano Colômbia, espelha a língua oficial da guerra de contra-insurgência. "[Contra-Insurgência] é uma forma extremamente complexa de guerra .... Alcançar esses objetivos requer a sincronização dos esforços de muitas agências não militares e [Nação Anfitriã] em uma abordagem abrangente, "lê os EUA Militar Counterinsurgency Manual, lançado em 2006 (22).
Mesmo o diretor do GAO de assuntos internacionais e comércio, ao testemunhar perante a Câmara dos Deputados, afirmou que "os programas internacionais enfrentam desafios significativos da redução da oferta de drogas ilegais, mas amplo apoio dos EUA objetivos de política externa." (23)
Mas, como Gian Carlo Delgado-Ramos e Silvina María Romano notaram, a guerra às drogas "estratégia é complexa e perigosa, visto que atrela uma multiplicidade de atores aparentemente opostas legais e ilegais que, no entanto, recebem benefícios sob a forma de aumento de poder ou riqueza." Ao mesmo tempo, é claro que "a exploração do povo e do 'nações e se aprofunda na região recursos." (24)
Com este pano de fundo, vamos examinar os tópicos no México.
Aplicando o modelo no México
Numa sexta-feira em setembro de 2006, logo após a disputada eleição como presidente, Felipe Calderón e sua esposa convidou Antonio Garza, então embaixador dos EUA e sua esposa para jantar. Em algum ponto, Calderón disse ao embaixador que melhorar a segurança seria uma parte fundamental de sua administração.
Quando Garza apresentou o seu resumo escrito da noite para os seus chefes do Departamento de Estado, ele incluiu comentário Calderón. De acordo com as suas próprias notas, o embaixador respondeu: "Os ganhos em matéria de competitividade, educação e emprego poderiam ser rapidamente ofuscada por meio de narcóticos relacionada ao crime organizado." (25) Para dar início a economia do México ", os estrangeiros e mexicanos tanto tinha de estar certo de que o Estado de Direito iria prevalecer. "(26)
Apenas dois meses mais tarde, Calderón lançou a guerra contra as drogas no México. No ano seguinte, os governos dos EUA e do México anunciou a Iniciativa Mérida, descrito como "um pacote dos EUA contra as drogas e assistência anticrime para o México e América Central." (27) No momento em que foi assinada por George W. Bush em 2008, Garza estímulo sobre o combate à narcos, a fim de impulsionar o negócio foi esquecido. Em vez disso, a principal justificativa para os legisladores que aprovaram a lei era para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos (28).
Tanto o governo quanto os EUA e críticos concordam que a Iniciativa Mérida, no México e América Central é uma iteração refinado do Plano Colômbia. "Sabemos do trabalho que os Estados Unidos apoiou na Colômbia e agora no México que uma boa liderança, investimentos pró-ativos e parcerias comprometidas pode mudar a maré", Hillary Clinton palestras delegados para a Conferência Central de Segurança da América na Cidade da Guatemala no verão passado. (29)
Financiamento total dos EUA para a Iniciativa Mérida entre 2008 e 2010 foi de US $ 1,3 bilhões para o México, cujo governo corresponde aos fundos 13-1 (30). Mérida / América Central Regionais fundos Iniciativa de Segurança de fluxo para a América Central durante o mesmo período ficou em US $ 248 milhões, enquanto os Merida / Caribbean Basin Initiative fundos de segurança de US $ 42 milhões foram para o Haiti ea República Dominician (31).
"Estratégia global" de Mérida inclui fundos para treinamento da polícia e soldados para proteger a infra-estrutura crítica, militarização da polícia e equipar as forças de segurança locais com equipamentos dos EUA, transformando o sistema mexicano judicial a um sistema de ensaios ao estilo oral, a modernização da fronteira EUA-México e promover fortalecimento institucional e reforma econômica.
Um dos objetivos da USAID programa é que o "Governo do México torna-se mais eficaz no combate monopólios e eliminação das práticas anticoncorrenciais." (32) Eles se concentram na legislação relacionada com a banca, telecomunicações e regulação da energia. Outro objetivo importante é defender uma nova regulamentação e privatização adicional, a desregulamentação eo investimento directo estrangeiro nos setores de transporte, energia, financeiro e de telecomunicações (33).
Pemex - juntamente com a Comissão Federal de Eletricidade - é a jóia da coroa do esforço de privatização. Muitos mexicanos de destaque, incluindo Enrique Peña Nieto, o Partido Revolucionário Institucional candidato (PRI) e pioneira nas eleições presidenciais de 2012, têm defendido a sua privatização. Alguns, como o chefe da Bolsa Mexicana de Valores, propuseram utilizando como modelo o seu setor de petróleo da Colômbia reforma (34).
Em uma apresentação de Março de 2012, um Banco do México representante falou sobre a agenda de reformas pendentes para o banco central do país. Isto inclui a melhoria da facilidade com que as empresas podem fazer negócios no México, a remoção de obstáculos legais "," Prevenção da flexibilidade laboral, "Fortalecimento do Estado de Direito", e consolidar as políticas macroeconômicas (35).
Em 2008, antes da crise financeira se espalhou para o México, o IED chegou a 23,2 bilhões dólares, mas caiu no ano seguinte para US $ 11,4 bilhões. (36) No entanto IED se recuperou e em 2011 foi de 19,43 bilhões dólares, principalmente no setor industrial (44,1%), seguido por serviços financeiros (18%) e mineração (8%). (37) anúncios recentes indicam que haverá uma onda de novos investimentos em auto e fabricação aeroespacial na região central do México.
Finanças do México Ministro Bruno Ferrari disse Bloomberg em uma entrevista Inglês em agosto de 2011 que "Hoje o que estamos vendo é que nós estamos tendo uma grande luta contra o crime, para que, como eu disse, [ela] garante os investimentos futuros e os investimentos que estamos tendo agora porque o que estamos vendo é que o México está lutando para prevalecer contra o crime. "(38)
Declaração da Ferrari é apoiada pelas experiências da elite empresarial transnacional. De acordo com um 2009 reportagem de capa da Business Week (39), ataca a pessoal estrangeiro e as fábricas têm sido raros em Juárez e outras cidades fronteiriças ao longo de rotas de tráfico de drogas, incluindo Reynosa, Nuevo Laredo e Tijuana.
A polícia está já implantado com instruções especiais para cuidar de corporações transnacionais. Após o seqüestro de um executivo, a polícia sugeriu gestores alterar suas rotinas de trabalho, deixe Juárez ao pôr do sol, e ficar com duas estradas principais. As patrulhas foram reforçadas ao longo dessas estradas ", criando corredores relativamente seguras entre a fronteira e dos parques industriais." (40)
Ainda mais importante é um outro tipo de segurança corporações transnacionais precisam. Como o diretor da Comissão Econômica para América Latina e do Caribe ressaltou: "O que é importante para um investidor em relação à segurança tem a ver com a segurança jurídica e risco-país." (41)
Esta noção de "segurança" chama o modelo de Colômbia: paramilitarização a serviço do capital. Este modelo inclui a formação de esquadrões da morte paramilitares, o desalojamento de populações civis, e um aumento na violência. No setor comercial, que são os trabalhadores, pequenas empresas e um setor das elites locais, que são mais atingidas por políticas de combate às drogas.
Embora estes aspectos não-oficiais da guerra contra as drogas são algumas vezes apresentados como danificar ou ameaçar o investimento estrangeiro direto, na verdade, é a violência que controla os trabalhadores e desloca terrestres comunidades dos territórios de interesse para expansão das corporações transnacionais.
Inferior do modelo colombiano
Por gerações, comunidades indígenas e camponeses na Colômbia havia defendido seu título coletivo de suas terras, ainda grupos paramilitares efetivamente obrigou-os a fugir. Este fenômeno é concisamente descrito por David Maher e Andrew Thompson:
"... Forças paramilitares continuam a avançar um processo de acumulação de capital através do deslocamento forçado de comunidades em áreas de importância econômica. Grande parte de cidadãos da Colômbia continuam a abandonar suas terras à medida que são deslocadas à força de suas casas, satisfazendo o apetite voraz de estrangeiro ( principalmente EUA), corporações multinacionais) para território colombiano como o programa econômico neoliberal está mais estabelecida na sociedade colombiana. "(42)
Em 2001, os paramilitares foram responsáveis por metade de todos os deslocamentos forçados na Colômbia. Os grupos guerrilheiros causou 20% dos casos, com paramilitares e guerrilheiros conjunta para um outro 22% (43). "Os grupos paramilitares não só suportar a maior parte da responsabilidade, eles também são mais eficazes em instigar o deslocamento." (44)
Na Colômbia, paramilitarização também é benéfico para as empresas transnacionais que pretendem dissuadir a organização do trabalho:
"Como parte da campanha apoiada pelos EUA prolongada contra-insurgência, paramilitares de estado sistematicamente a violência continua a atingir grupos civis, tais como organizações sindicais, que são considerados uma ameaça à política e econômica" estabilidade "propício para o desenvolvimento neo-liberal de Colômbia. Isso fez com que a Colômbia muito atraente para o investimento estrangeiro como más condições de trabalho e baixos salários manter pro? margens t alta. "(45)
Bem documentados casos de Chiquita Brands, mineração Drummond corporação, e BP, a gigante do petróleo, traçaram as ligações entre grupos paramilitares e norte-americanos e corporações transnacionais. (46) Em março de 2007, representantes da Chiquita Brands declarou-se culpado em Washington, DC tribunal para fazer pagamentos a Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) paramilitares (47).
"Chiquita fez mais de 100 pagamentos ao AUC no valor de mais de US $ 1,7 milhões," de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. "Chiquita Brands paga dinheiro de sangue para os terroristas como Carlos Castaño para proteger seus interesses financeiros", de acordo com o escritório de advocacia que representa as vítimas.
A Experiência (So Far)
Conluio direto entre EUA e as corporações transnacionais e grupos paramilitares geralmente é difícil de provar - e emerge quando a evidência não é provável de ser descoberto rapidamente.
Mas já sabemos que um grupo de empresas do Texas são acusados de conluio com os Zetas ilegalmente importar combustível roubado. (48) (Os Zetas foram o braço armado do Cartel do Golfo, que atua no nordeste do México. Os dois grupos divididos em 2010, e desde então os Zetas têm essencialmente tornar-se um grupo narco-paramilitar, embora eles são muitas vezes referidas nos meios de comunicação como um cartel de drogas.)
"Os Zetas são uma força paramilitar", o Dr. William Robinson, autor de A Teoria do Capitalismo Global, me disse quando eu o entrevistei no ano passado: "Basicamente, é a criação de paramilitarismo ao lado de militarização formal, que é um modelo colombiano."
Os Zetas são ativos em várias partes do México, sobretudo Tamaulipas, Nuevo León e Veracruz, e eles também são acusados de massacres no estado de Jalisco e Petén, na Guatemala. Embora eles não são o único grupo paramilitar no México, eles são o grupo que recebe de longe a maior atenção da mídia.
"Precisamos ter em mente que Santos presidente colombiano, como [o presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quer ampliar o Plano Colômbia, o que não significa apenas reforçar a luta contra o narcotráfico, mas na verdade significa convertê-lo em uma forma de paramilitarismo na Para gerar um novo tipo de contra-insurgência, e não contra os movimentos sociais, mas contra as comunidades indígenas ", disse Maximo Ba Tiul, analista Poqomchi maia e professor com base na Guatemala.
Enquanto há uma hesitação por parte de jornalistas para ligar sua cobertura da "guerra contra as drogas" com as lutas em torno de recursos naturais, há uma crescente lista de lugares onde esse tema - e as lições da guerra dos EUA na Colômbia - pode ser ainda mais explorada.
• Os moradores de Ciudad Mier, uma pequena comunidade em Tamaulipas, deixou em massa por causa da violência paramilitar. A cidade fica em cima do campo do México o maior gás, assim como grande parte do Estado-violência montado.
• No Vale Juárez, considerado o lugar mais perigoso no México, mortes e ameaças obrigaram muitos a deixar, assim como uma nova fronteira de passagem entre os EUA eo México está sendo construído.
• Em Santa Maria Ostula, uma pequena comunidade indígena Nahuatl no litoral do México, pelo menos 28 pessoas foram mortas (e outros quatro desapareceram) pela violência paramilitar e estadual desde 2009. Seu território está em uma área rica em minerais e estrategicamente localizado.
• Na Serra serra Madre, no norte do México, as empresas de mineração canadenses operam em áreas onde até mesmo funcionários do governo temem entrar por causa da presença de narcotraficantes armados.
• Em Petén, Guatemala, funcionários do governo militarizou a região e declarou estado de emergência por causa da presença de Zetas que duraram oito meses, terminando no início de 2012. Os recentes anúncios indicam que uma arremetida óleo novo está acontecendo na mesma região.
Paramilitarização também podem afetar os capitalistas locais, regionais e mesmo nacionais ligadas à economia doméstica, forçando-os a fechar suas lojas e empresas. Este, por sua vez, abre espaço para as corporações transnacionais e investidores para ter acesso a setores da economia anteriormente dominado por capitalistas locais.
"As empresas que são mais afetados pela violência são os mais pequenos e aqueles que estão localizados nos estados do norte do México", escreve Guadalupe Correa Cabrera, professor da Universidade do Texas em Brownsville. "A falta de segurança prejudica os produtores de pequeno e médio porte, empresas e fornecedores para um maior grau, devido ao fato de que o crime organizado tem" uma maior facilidade de penetração com eles do que com os diretores de grandes empresas, que, em muitos casos, operamos de fora do país. '"(49)
De acordo com Coparmex, um mexicano associação empresarial, 160.000 negócios fechados por causa da insegurança em 2011. (50) "Há uma reconversão da economia em curso a nível nacional que está favorecendo [grandes empresas], e ele está fazendo mais [mexicanos ] em empregados em vez de empresários ", disse Correa Cabrera durante uma apresentação em Baja California Sur, em fevereiro.
Precedentes na Colômbia e eventos em curso em outros lugares sugerem possíveis áreas para aprofundar a pesquisa, a fim de melhor verificar em que medida o México ea América Central estão sendo submetidos a um modelo no qual, como David Thomson e Andrew Maher relatório, paramilitar terror "... continua a ser um instrumento de a criação e manutenção de condições, tais como baixos custos laborais e de acesso à terra, que são favoráveis à expansão do programa neo-liberal ... "(51)
Maior estudo e pesquisa das novas políticas econômicas incentivadas através da política dos EUA anti-narcóticos podem ajudar a revelar toda a extensão da transformação económica que foi iniciado no México e América Central.
Próximas eleições no México prometer nenhum alívio do horror e da violência da guerra, que provavelmente irá continuar por pelo menos mais seis anos. "Todos os presidenciáveis propõem a continuar ou intensificar a guerra contra os bandidos", diz um artigo recente no The Economist (52).
Sem uma melhor compreensão, as discussões sobre a guerra no México poderiam permanecer contidas dentro da retórica da proibição das drogas contra a liberalização. Este tipo de debate é totalmente imprecisa como um meio de denunciar e mobilizar a resistência a uma "guerra contra as drogas", que pode ser melhor entendida como sendo cerca de aumento do controle social e territorial sobre as terras e pessoas, no interesse da expansão capitalista.
Notes/Notas
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